La aplicación selectiva de los derechos en el orden mundial

La democracia, los derechos humanos y la soberanía nacional son presentados como valores universales. Se nos dice que pertenecen a toda la humanidad y que constituyen principios irrenunciables de la civilización moderna. Sin embargo, basta observar el comportamiento de las grandes potencias y de buena parte de las instituciones internacionales para descubrir una realidad incómoda: esos principios no se aplican de manera universal, sino selectiva.

La democracia es defendida cuando produce gobiernos alineados con determinados intereses geopolíticos. Pero cuando el resultado electoral favorece proyectos políticos independientes o contrarios a los centros tradicionales de poder, comienzan las acusaciones, las campañas de descrédito, las sanciones económicas y, en ocasiones, las operaciones destinadas a provocar,lo que es bautizado como: cambios de régimen. Lo que ayer era una expresión legítima de la voluntad popular puede convertirse de la noche a la mañana en una amenaza para la democracia del capital, dependiendo de quién haya ganado las elecciones.

Lo mismo ocurre con los derechos humanos. Se denuncian con razón las violaciones cometidas por gobiernos considerados adversarios, pero se guarda un silencio cómplice cuando esas mismas violaciones son ejecutadas por aliados estratégicos. Los muertos parecen tener distinto valor según el lugar donde caigan las bombas. Las víctimas reciben más o menos atención dependiendo de quién apriete el gatillo. La indignación internacional, que debería ser un principio ético, termina convertida en una herramienta política.

La soberanía nacional corre una suerte similar. Se proclama como fundamento esencial del derecho internacional cuando se trata de proteger los intereses de las grandes potencias, pero se relativiza cuando los países más pequeños intentan ejercerla plenamente. Se reconoce el derecho de algunos Estados a defender sus fronteras, controlar sus recursos naturales y decidir su destino político, mientras a otros se les exige someter sus decisiones económicas, militares y diplomáticas a los intereses de actores externos.

Esta doble moral no es un accidente ni una contradicción ocasional. Forma parte de la arquitectura misma del sistema internacional contemporáneo. Las normas existen, pero su aplicación suele depender de las relaciones de poder. El problema no radica únicamente en la existencia de principios jurídicos, sino en quién tiene la capacidad de interpretarlos, imponerlos o ignorarlos sin consecuencias.

Por eso vemos cómo determinadas intervenciones militares son presentadas como misiones humanitarias, mientras otras son calificadas como agresiones inadmisibles. Por eso algunos bloqueos económicos son descritos como instrumentos legítimos de presión política, aunque provoquen sufrimientos masivos en la población civil. Por eso ciertas ocupaciones territoriales generan condenas inmediatas, mientras otras reciben explicaciones diplomáticas y justificaciones interminables.

Esta selectividad erosiona la credibilidad de las instituciones internacionales. Cuando la ley no es igual para todos, deja de ser percibida como justicia y comienza a verse como un instrumento de dominación. Cuando los derechos humanos se utilizan como arma política y no como principio universal, pierden parte de su autoridad moral. Cuando la democracia se defiende únicamente en función de intereses estratégicos, deja de representar la voluntad de los pueblos para convertirse en una consigna vacía.

Los pueblos del Sur Global conocen bien esta realidad. Durante décadas han sido objeto de intervenciones, sanciones, bloqueos, golpes de Estado y campañas de desestabilización justificadas en nombre de valores supuestamente universales. Sin embargo, esas mismas potencias que invocan la democracia y los derechos humanos han respaldado dictaduras, apoyado guerras devastadoras y tolerado abusos cuando ello favorecía sus intereses geopolíticos.

La cuestión fundamental de nuestro tiempo no es si debemos defender la democracia, los derechos humanos y la soberanía. La respuesta es sí. Lo verdaderamente importante es exigir que esos principios se apliquen de manera coherente y universal. No puede haber derechos humanos para unos y silencio para otros. No puede haber democracia para los tuntunpotes , aliados y cuestionamientos permanentes para los adversarios. No puede haber soberanía para las potencias y subordinación para los países débiles.

La humanidad enfrenta un desafío histórico: rescatar esos conceptos de las manos de quienes los utilizan selectivamente y devolverles su auténtico carácter universal. Porque la democracia que se aplica según conveniencias políticas no es verdadera democracia. Los derechos humanos que dependen de intereses estratégicos dejan de ser derechos universales. Y la soberanía que solo protege a los poderosos no es soberanía, sino privilegio.