La ausencia de una vigorosa y organizada oposición política ha permitido que la presente campaña electoral, iniciada oficialmente hace un mes sea deslucida, caracterizada por presencias mediáticas y desfiles callejeros.
No olvido cuando los dos colosos de la política, el PRD/PRM y el PLD eran partidos políticos opositores, estos exigían al menos la divulgación de los planes de gobierno, contribuyendo con ello a la fijación de una agenda nacional.
El vacío que ha producido esta ausencia de propuestas y planes de acción ha sido llenado por los reclamos de otras fuerzas sociales organizadas, entre las cuales se destaca la empresarial, con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) a la cabeza. Los planteamientos de este gremio empresarial han sido resumidos por su presidente, Rafael Blanco Canto, siguiendo el camino de la sensatez y las prioridades nacionales.
Sin que ello necesariamente represente un orden de prioridades, establecen como tema de la agenda la institucionalidad, cuya ausencia constantemente amenaza la sostenibilidad y racionalidad de la acción pública gubernamental y cuya ausencia eventualmente hará peligrar la propia democracia.
A seguidas presentan el tema fiscal, la necesidad de una mayor racionalidad en el gasto público y la instauración de mecanismos eficaces de control, el aumento de la presión tributaria, ponderando las innumerables exenciones y cerrando las brechas de evasión.
Algo similar también reclaman para la conclusión de un pacto eléctrico que enfrente el robo, la ineficiencia y los irritantes privilegios.
Concluye con una propuesta de un pacto laboral que apoye el incremento del empleo y armonice la seguridad social con las cesantías o seguro de desempleo sin atentar con los derechos universalmente reconocidos.
Las fuerzas sociales con entidades representativas como las iglesias y el empresariado a la cabeza están presentando propuestas que lo más sano sería que fuesen también el tema de todos los políticos aspirantes en estas elecciones.
