Uno de los principios fundamentales del Derecho Administrativo es la presunción de legalidad de los actos de la Administración. Esto significa que los actos de la Administración se presumen legales y, por lo tanto, ejecutables, hasta que sean anulados o suspendidos por una autoridad superior o un tribunal.

Lo que a primera vista podría parecer una ventaja injusta tiene una razón de ser válida: sin esta presunción de legalidad los actos de las autoridades administrativas no surtirían efecto pleno hasta su confirmación por otro órgano, lo que condenaría al Estado a una ineficacia paralizante.

Sin embargo, como todas las herramientas de factura humana, la presunción de legalidad puede ser utilizada de tal forma que se convierta en la negación de su objetivo principal.

Así sucede cuando la Administración se vale de ella para forzar soluciones que no son otra cosa que atajos para evitarse el trajín de comprobar la corrección de sus decisiones. En nada aporta esto a la eficacia de la Administración por el hecho cierto de que aumenta los errores que ésta comete y, además, lesiona los derechos de los ciudadanos.

El mandato del artículo 138 constitucional es claro: la Administración tiene que actuar “con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado”.

Es decir, entre otras cosas, que debe abordar sus funciones respetando los derechos constitucionales, convencionales, legales, reglamentarios y contractuales de los administrados.
Se violan los derechos de un administrado cuando un órgano de la Administración aprovecha la presunción de legalidad para presentarle un hecho consumado.

Entre otras cosas, este tipo de decisiones lo que hace es traspasar a los tribunales la responsabilidad de la buena administración y a los particulares afectados, el costo de procurarla.

Esta es otra de las taras de la Administración que hacen más daño que bien a las partes envueltas. El respeto a la legalidad administrativa es una calle de dos vías.

De nada sirve si sólo lo asumen los administrados. Cuando la Administración abusa de la presunción de legalidad de sus actos en realidad juega a la ruleta rusa: lo hace con la esperanza de que sus decisiones no sean cuestionadas en los tribunales. Una apuesta que pierde cada vez con mayor frecuencia.