Keiko Fujimori fue apercibida por el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado, por haber incumplido el requerimiento judicial de no reunirse con testigos de su caso, en el que está acusada a 30 años y 10 meses de cárcel.
Lima.- Keiko Fujimori se libró este lunes de volver a prisión provisional por presunto lavado de dinero en medio de la campaña que ha emprendido contra los resultados de las recientes elecciones presidenciales de Perú para evitar su derrota frente al izquierdista Pedro Castillo.
Fujimori continuará en libertad condicional, pero fue apercibida por el juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado, por haber incumplido el requerimiento judicial de no reunirse con testigos de su caso, en el que está acusada a 30 años y 10 meses de cárcel.
El magistrado a cargo de tutelar el caso desestimó la solicitud del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez para que regrese a la cárcel pese a que consideró que, efectivamente, había incumplido las condiciones de su libertad.
Esto al considerar que primero debía realizarse un apercibimiento a la acusada y, en caso de persistir en ese incumplimiento, ordenar su regreso a prisión previa solicitud de la Fiscalía.
Entre las condiciones de la libertad condicional que permitió a Fujimori salir de la cárcel en mayo de 2020 tras haber pasado quince meses en prisión preventiva estaba no reunirse ni comunicarse con otros imputados o testigos del caso.
Sin embargo, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) apareció públicamente en reiteradas oportunidades de la reciente campaña electoral con el abogado y portavoz del partido fujimorista Fuerza Popular Miguel Ángel Torres, quien está incluido en el caso como testigo.
En su afán por denunciar un supuesto fraude electoral en su contra, Fujimori también se ha juntado en los últimos días con la abogada y líder del Partido Popular Cristiano (PPC) Lourdes Flores, otra testigo.
MÁS DE 4 AÑOS DE INVESTIGACIÓN
No obstante, para la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, su patrocinada podía tener relación con ambos porque no son testigos por haber realizado presuntas donaciones de dinero falsas al partido fujimorista, argumento que fue desestimado por el juez.
“He venido cumpliendo escrupulosamente cada uno de los requisitos. Cada vez que he salido de viaje (durante la campaña electoral), he entregado un informe con mis actividades”, aseguró Fujimori en su alegato.
“He sido tan escrupulosa que en las entrevistas que he tenido a lo largo de la campaña me he excusado de hacer referencias al proceso para no perturbarlo”, agregó.
Desde hace más de cuatro años Fujimori está imputada por presunto lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales para la Presidencia en los comicios de 2011 y 2016.
Según la investigación, que ha culminado y se está a la espera de conocer si la Justicia decide abrir juicio, Fujimori y su partido ocultaron millonarias donaciones de grandes empresas en una contabilidad ficticia donde figuraban múltiples y numerosos donantes particulares.
Entre el dinero aparentemente ocultado bajo esa modalidad, conocida como “pitufeo”, hay 3,6 millones de Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, y supuestamente un millón de la constructora brasileña Odebrecht, entre otras abultadas cantidades.
APELACIONES EN MARCHA
Ante su posible regreso a prisión, Fujimori criticó que el fiscal solicitase su nuevo encarcelamiento el mismo día que anunció que solicitaría la anulación de más de 200.000 votos de zonas andinas, pobres y rurales donde ha ganado ampliamente Castillo, al considerar, sin medios probatorios, que han sido objeto de fraude.
Al 100 % de los votos contados, Castillo es el virtual presidente electo al haber superado a Fujimori por apenas 44.000 votos, con el 50,12 % de las preferencias frente al 49,87 % de la candidata derechista.
Todos los recursos de Fujimori para anular actas electorales han sido desestimados o rechazados en primera instancia por los jurados electorales, pero ahora está apelando en segunda instancia al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral de Perú.
“Nosotros estamos tranquilos, con fe, con esperanza y con la frente bien en alto. Lo que buscamos es saber la verdad y que se haga un análisis de las actas donde hemos encontrado irregularidades”, afirmó Fujimori a la salida del juzgado.
SIN EVIDENCIAS DE FRAUDE
Todas las misiones de observación electoral como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) han descartado que haya habido un fraude al no hallar graves irregularidades.
Esto ha sido corroborado por un análisis de las actas electorales realizado por la encuestadora Ipsos, que ha determinado que no hay evidencias de un “fraude sistemático” en las mesas de sufragio como sugiere Fujimori.
Pese a ello, la candidata solicitó este lunes a la población que le envíe pruebas o testimonios de cómo sus contrincantes hicieron trampa “en mesa”, después de que varios indicios presentados como firmas falsas fueron desmentidos por los propios miembros de mesa aludidos.
