Había decidido dejarlo, y él reaccionó rociándola con gasolina y prendiéndole fuego en una céntrica plaza de Lima. Después de seis días en el hospital, Katherine Gómez falleció este viernes a causa de las graves quemaduras sufridas.
La muerte de la joven de 18 años ha conmocionado a Perú por su crueldad y por la polémica reacción de la Policía, que, pese a que el ataque se produjo el sábado 18 de marzo, tardó varios días en emitir una orden de detención contra el presunto agresor, identificado como Sergio Tarache Parra, cuyo paradero se desconoce.
El caso conmociona al país, que siguió en la semana las noticias sobre el estado de salud de la joven, y ha vuelto a poner de manifiesto el problema de la violencia contra las mujeres. Horas después de conocer la noticia, la presidenta del país, Dina Boluarte, dijo: «Esa violencia contra las mujeres debe parar. Las mujeres no somos propiedad de las parejas».
El Ministerio del Interior ofrece ahora una recompensa de 50.000 soles (unos US$13.000) por la captura de Tarache Parra, de 19 años.
Qué pasó
La joven se encontraba la noche del sábado 18 de marzo en una calle aledaña a la plaza del Dos de Mayo, en el centro de Lima, cuando un hombre la abordó y, después de rociarla con gasolina, le prendió fuego y huyó.
Según el relato policial de los hechos, se trata de Sergio Tarache Parra, con el que Gómez mantenía una relación sentimental, a la que recientemente la joven había decidido poner fin.
Los viandantes que se encontraban en la zona auxiliaron a la víctima y apagaron las llamas, pero no a tiempo para evitar que sufriera quemaduras en el 60% de su cuerpo.
La víctima fue trasladada al hospital Arzobispo Loayza de la capital peruana, donde este viernes finalmente falleció.
«Luchó por su vida, pero, lamentablemente, la cantidad de cuerpo dañado imposibilitó a los médicos salvarle la vida», confirmó la ministra peruana de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino.
Pese a que el ataque contra la joven se produjo en la noche del sábado 18 de marzo, no fue hasta la noche de este jueves cuando se emitió una orden de captura del presunto autor, un retraso que puede haber facilitado su huida e incluso su salida del territorio peruano.
Solo después de conocerse la noticia del fallecimiento, las autoridades emitieron una orden de detención internacional y ofrecieron una recompensa de 50.000 soles.
FUENTE DE LA IMAGEN,MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuestionada por periodistas locales acerca de la lentitud de la respuesta oficial, la ministra Tolentino dijo: «La Policía me ha prometido que hará todo lo posible para encontrarlo».
El Jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, el general Óscar Arriola, dijo que la oferta de una recompensa «es una herramienta de mucha utilidad que ha dado resultados en otros momentos y en muchos casos ocurridos en la historia del crimen peruano», pero no consta que las autoridades tengan ningún indicio sobre cuál puede ser el paradero del reclamado Tarache Parra.
Además de la tardía reacción, también levantó críticas que al referirse al caso de Katherine Gómez, la ministra Tolentino dijera: «Quisiéramos que las jóvenes elijan bien con quién estar porque ellas deben estar conscientes que merecen vivir libre de violencia y que no acepten ningún compromiso o una relación con una persona que no las respeta».
Para el colectivo feminista Manuela Ramos, esas palabras «revictimizan a su familia».
La Defensoría del Pueblo condenó «cualquier forma de culpar y responsabilizar a las víctimas» y reclamó de las autoridades «una voluntad real y presupuesto para garantizar servicios adecuados de atención».
Perú registró en 2022 136 femicidios y un alto porcentaje de ellos quedaron sin resolver. Las organizaciones de mujeres denuncian con frecuencia que sufren el acoso de sus exparejas cuando acuden a citas a las que se las convoca bajo engaño para recibir el cobro de las cuotas alimentarias que les adeudan por los hijos en común.
El Congreso peruano aprobó el año pasado una batería de leyes que fue descrita por Natalia González, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, como «una avalancha de normas que responden a una agenda ultraconservadora que hace retroceder la igualdad».
Entre otras medidas, se impuso la tenencia compartida de los menores en los casos de separación en los que no haya una resolución judicial, lo que, según los detractores de la norma, abre la puerta a que hombres denunciados o condenados por violencia doméstica mantengan su control sobre el núcleo familiar incluso cuando las mujeres se han resuelto a romper su relación.
