Juventud y criminalidad

Juventud y criminalidad

Juventud y criminalidad

Altagracia Suriel

Los hechos recientes de muerte de David de los Santos y otros jóvenes en circunstancias que involucran a agentes de la Policía nos siguen alertando de la necesidad de reforzar las acciones del país para mejorar la seguridad ciudadana.

La percepción sobre el aumento de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana se ha amplificado más por el asesinato de ciudadanos en manos de agentes del orden público que ya están enfrentando la justicia por esos hechos.

El presidente Luis Abinader está tomando medidas tendentes a enfrentar la criminalidad.

Los sectores involucrados en la Reforma Policial hicieron su trabajo. El diálogo con los sectores responsables para propuestas es un buen camino.

Convendría escuchar también al pueblo, que es el principal afectado, sistematizar sus sugerencias, publicarlas y priorizar las más pertinentes. Cualquier plan que se haga tiene más legitimidad, apropiación y colaboración si es validado a amplios niveles, recordando que es mejor hacer “todo para el pueblo y con el pueblo”.

En el combate a la criminalidad, además de la reforma policial hay que promover el imperio de la ley y crear una cultura de respecto a la ley, así como fortalecer el sistema de justicia penal y seguir apostando por la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

De igual forma, hay que asegurar la prevención eficaz del delito adaptándose a nuevas situaciones, incluyendo los delitos relacionados con las redes informáticas.

Asimismo, hay que prestar atención a los adolescentes y jóvenes infractores para prevenir la reincidencia en la comisión de delitos. En una sociedad en la que no se favorece la reinserción social de la persona en conflicto con la ley, los comportamientos delictivos se reciclan y se diversifican.

En el caso de la delincuencia juvenil, Naciones Unidas plantea que la reinserción se favorece integrando el trabajo penitenciario a la economía nacional, aportando remuneraciones a los reclusos y ofreciendo asistencia pos institucional, incluida la orientación profesional, la capacitación y la colocación en puestos de trabajo.

En ese sentido, el apoyo del sector privado es imprescindible, recordando que la paz y la seguridad son un compromiso de todos.



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