Trajano Potentini
SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) dijo que «es ilegal e inconstitucional y violatorio a derechos fundamentales» la anunciada variación en el sistema de cobro de multas de tránsito para que sea pagada a través de las distintas oficinas de la Procuraduría General de la República, informó la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Explicó que si bien se deben cobrar las multas de tránsito pendientes y es aceptable poner trabas a la realización de ciertas diligencias personales, «pero no se puede permitir que la Procuraduría General de la República imponga medidas de coerción, cuyo ejercicio es propio de los tribunales, tales como Impedimento de salida, imposibilitándoles a los ciudadanos ejercer su derecho al libre tránsito, como se pretendería además al negarle a los ciudadanos por multas pendientes los derechos y servicios de obtener un pasaporte o un certificado de buena conducta».
La DGII estaría autorizando la transferencia de fondos públicos a favor de la Procuraduría General de la República al entregarle el producto de las multas de tránsito, para ser utilizados en el modelo penitenciario, todo ello en contra de la norma que dispone que todos los ingresos corrientes y de capital, donaciones y desembolsos de préstamos en efectivo o en valores percibidos por el Estado deben ser depositados en la tesorería nacional y para su utilización requerirán de la correspondiente apropiación presupuestaria, sostuvo Potentini.
“Toda la política presupuestaria aprobada por el Consejo Nacional de Desarrollo tiene que incluir un tope de gastos institucionales, por lo que resultaría manifiestamente ilegal que la DGII capte fondos y los transfiera a otra institución, o permita que otra institución se apropie de los fondos. En este caso, se permitiría que una institución no tributaria captara recursos directamente, recursos no presupuestados, y los invirtiera directamente en las áreas que entienda procedentes. Eso es ilegal,” aseguró.
