Las reformas judiciales de 1997 fueron anunciadas en República Dominicana como el inicio de una nueva etapa. En aquella oportunidad, se habló de independencia, transparencia y modernización, pero casi tres décadas después, la realidad obliga a pensar que aquellos propósitos siguen inconclusos.
Todavía no existe una justicia plenamente confiable, porque es un sistema que aún arrastra prácticas de corrupción, clientelismo y hasta dependencia del poder político.
Se aprueban códigos, se crean organismos, se pronuncian discursos solemnes, pero en los tribunales, la percepción ciudadana es que la justicia no ha logrado del todo desprenderse de viejas prácticas.
La modernización se ha quedado a medio camino, atrapada entre avances institucionales y resistencias culturales que apenas han podido ser vencidas en el no uso de expresiones tan odiosas, pesadas y dictatoriales como la de “yo te mando a trancar y boto la llave” o “ese va preso porque sí” o “porque a mí me da la gana”.
Aquella ola de modernización de la justicia (1997-2009) trajo consigo aspectos que, posteriormente, permitieron también la adecuación de una Suprema Corte de Justicia que hasta ese momento lucía vencida, desvencijada y sin ninguna aprobación social favorable.
Me tocó estar en el sistema en aquel tiempo, cuando cubría el área judicial en el periódico matutino Listín Diario y aseguro que lo vivido fue una caja de sorpresa tras otra sobre profundas y múltiples debilidades que afectaban la justicia y que, poco a poco, fueron superadas, con la valentía de los jueces, encabezados por su entonces presidente, Jorge Subero Isa.
A partir del 2010, tras la nueva Constitución (26 enero 2010), una nueva reforma introdujo cambios en leyes orgánicas clave, como el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, una nueva ley electoral, distribución de diputados y propuestas de ajustes administrativos para enfrentar deficiencias estructurales.
Y las reformas no se han detenido. De hecho, una de las aspiraciones del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, es que lo recuerden como “el presidente reformador”, para lo que ha puesto mucho interés en propiciar importantes cambios estructurales, aunque no siempre ha contado con el mayor de los éxitos.
El problema no está en la letra de las leyes, sino en la forma de aplicarlas y todavía hoy por hoy una de las más evidentes contradicciones con la modernización de la justicia y su viejo esquema operativo está vinculado al Código Procesal Penal (CPP), promulgado el 19 de julio del año 2002, mediante la Ley número 76-02.
El CPP fue la herramienta legal más potente para impulsar la modernización de la justicia, enfocándola en el respeto a los derechos, la transparencia y la eficiencia, aunque su implementación siga enfrentando desafíos culturales.
Por ejemplo, ese código, en sus artículos 226 al 237, establece un abanico de medidas de coerción que van desde la presentación periódica hasta la prisión preventiva, concebida ésta última como excepcional.
Este contraste entre lo que la ley dispone y lo que los tribunales ejecutan revela una vez más, que la modernización de la justicia no depende sólo de códigos y resoluciones, sino de un cambio cultural profundo en quienes tienen la responsabilidad de aplicarlos.
Mientras jueces, fiscales y abogados no asuman la justicia como un servicio público y no como un privilegio, cualquier reforma será insuficiente hasta que la independencia y la fortaleza del poder judicial pase de ser un principio en el papel a convertirse en una práctica cotidiana que favorezca a todos los ciudadanos, con igualdad de condiciones.
La justicia dominicana, tal como funciona hoy, necesita un cambio cultural profundo, más que reformas legales.
La modernización de la justicia dominicana no puede seguir siendo un proyecto inconcluso, en el que no exista un reconocimiento de que las leyes son apenas el inicio de un profundo proceso transformador, porque el verdadero cambio se expresa en la ética, la independencia y la responsabilidad de quienes las aplican.
