Carlos Eduardo Tavárez Guerrero
Recientemente el presidente de la República nombró una comisión de notables para investigar los contratos firmados por el Estado dominicano con la empresa Odebrecht, al margen de las investigaciones que sobre el mismo hecho está realizando el Ministerio Público, el cual, conforme la Constitución, le compete defender el interés público, y combatir todo tipo de corrupción en contra del erario.
Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué se debe esperar de esa comisión?, ¿por qué desautorizar públicamente la labor del Ministerio Público?, ¿o es que es inoperante el órgano (Ministerio Público), y todos los organismos del Estado existentes para el combate a la corrupción administrativa?, o, nuevamente, ¿esto es un entretenimiento más?; al igual que yo, quizás usted se hace estás mismas preguntas para buscar respuesta a tanta dejadez por parte de la clase gobernante. Estamos en serios problemas como Nación: ser corrupto se convierte en la norma, y la honradez, en la excepción.
Lo cierto es que, nuevamente queda evidenciado que desde la casa de gobierno se envía una señal muy precisa de desconfianza en las instituciones del Estado. Crear una comisión de personas que no pertenecen a ninguna de las instituciones propias para tales fines no ameritaba hacerlo públicamente. El haberlo hecho implica un firme propósito, y considero en ese sentido: que es un acto dictatorial, y en el mejor de los casos, muy presidencialista. Desconocer la legitimidad del Ministerio Público, en cuanto a que es el órgano encargado en el sistema de justicia para la investigación y persecución de todo lo que lesione del interés público, es una barbaridad.
¡Las instituciones no hacen a los hombres, son estos quienes las fortalecen!, ¡presidente Medina, no pase a la historia como un mandatario que impuso su propio modelo de justicia!, ¡esa comisión es inorgánica: y sus conclusiones sólo le servirán a usted!
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