Nassef Perdomo Cordero, abogado.
El viernes de la pasada semana se publicó la sentencia mediante la cual la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia anuló la que condenaba a los imputados que restaban del caso Odebrecht y los absolvió.
Se cumplió así el triste destino para este caso vaticinado en julio de 2017 por la magistrada Miriam Germán en un voto disidente para la Historia. Debe recordarse que ese voto fue la causa efectiva del atropello que sufrió casi dos años más tarde en el Consejo Nacional de la Magistratura.
Algunos han querido decir que la justicia “falló”, puesto que no pudo asegurar la condena de los imputados, una opinión ajena a la realidad jurídica dominicana.
Nuestro país aspira a ser una democracia asentada, cumplidora de los estándares y criterios mínimos que sustentan un Estado de derecho.
Por eso, el fortalecimiento institucional procurado por el sistema de justicia ha tenido como objetivo abandonar las prácticas de las granadas omnipresentes y las pistolas con número de serie limado y otras “pruebas” fabricadas para fundamentar las persecuciones judiciales de la oposición política en los años setenta.
En sentido más amplio, como sociedad también hemos trabajado en superar la práctica del Foro Público, que anunciaba la caída en desgracia y condenas judiciales durante el trujillismo.
Y es que no puede ser de otra forma.
De ahí que –sin contar con el espacio para hacer consideraciones sobre el fondo de la decisión de la Suprema Corte– es importante señalar que la condena en los medios de comunicación no conduce a la condena en juicio. Los estándares del debido proceso son rigurosos y excluyen la arbitrariedad.
Quien procure que abandonemos estos estándares con el propósito de lograr condenas contra sus culpables favoritos promueven la vuelta a principios autoritarios y dictatoriales por mucho que se cubran de moralidad cívica.
Si realmente les interesara la institucionalidad, procuraran que el Ministerio Público estructure bien sus casos, como advirtió Miriam Germán. En una democracia no se pueden sustituir los juicios ante jueces por los juicios mediáticos. Quien eso propone o impulsa es un adversario del Estado de derecho y la democracia, nunca su aliado.
