Frente a la difícil situación del país, caracterizada por una alta deuda pública, algunos han planteado la opción de “reforma” o “continuidad de los endeudamientos”.

En mi consideración, es obvio que en los actuales momentos no debemos seguir el camino de los préstamos, pero por igual, no se debería tomar la vía de una reforma fiscal que, por lo general en otros casos, y a juzgar por los sectores que terminan siendo afectados, se han convertido en “contra-reformas”.

Nos postulamos por una opción de “justicia fiscal”, que vaya destinada a demandar a los que más tienen y que propicie el bienestar común, la cohesión y el equilibrio social. Propugnamos por una reforma que al ejercer la justicia fiscal se constituya en un acto de equidad social.

Bien ha hecho el presidente Abinader con desechar una reforma fiscal que, por lo que se filtró, haría daño a la clase media y a los sectores empobrecidos de la población.

Está ahí fresca la historia de lo que ocurrió en el país en abril de 1984, cuando el Fondo Monetario Monetario (FMI) le impuso al gobierno perredeísta de Jorge Blanco, unas serie de bárbaras medidas de “ajustes”. Esto de seguro, lo recuerda el presidente.

Somos partidarios de una reforma fiscal para enfrentar la desigualdad socio-económica dominante en nuestra nación, desigualdad que constituye un factor preponderante de la inseguridad que experimenta la mayoría de la ciudadanía.

Las medidas fiscales no pueden ser para ampliar las desigualdades que aún las organizaciones internacionales admiten existen en la República Dominicana.

En un artículo que publicamos por este mismo medio, en fecha 28 de julio del 2020, titulado “Pobreza y el próximo gobierno”, señalábamos que: “En la República Dominicana se hacen imprescindibles disposiciones contra las estructuras injustas reinantes, a fin de dar paso a una economía y sociedad más humana y equitativa” (“EL DÍA”, pág. 8).

No hay vuelta floja; si se desea cohesión y estabilidad en nuestra sociedad, hay que tomar acción para evitar las evasiones, la impunidad, mantener sólo las exenciones inevitables, ejercer la presión impositiva a las grandes rentas y riquezas, recuperar lo robado al país y eliminar las asesorías no indispensables.

Creemos que el presidente Luis Abinader, independientemente de su condición elevada de clase, a la vez que ha cumplido con promesas importantes de campaña, puede actuar para que en este país haya una distribución tributaria justa, que tome en cuenta la vieja deuda social que, contra los más desamparados, han contraído los altos grupos de poder político y las élites sociales y económicas.