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QUITO. – La justicia de Ecuador decidirá sobre la vida política del vicepresidente Jorge Glas, quien lleva dos meses detenido sin perder el cargo, al sentenciarle el miércoles por supuestamente haber recibido sobornos de la brasileña Odebrecht.
Glas se convertiría en el funcionario en activo de mayor rango en ser condenado por el caso Odebrecht que ha golpeado los círculos del poder en América Latina, donde se han visto involucrados exmandatarios como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y los peruanos Ollanta Humala y Alejandro Toledo. También hay señalamientos contra el gobernante venezolano Nicolás Maduro y el peruano Pedro Pablo Kuczynski.
En la sede en Quito de la máxima Corte Nacional, a partir de las 16H00 locales (21H00 GMT), un tribunal penal dictará sentencia en primera instancia contra Glas y otros ocho procesados, entre ellos un tío suyo a través de quien el vicepresidente se benefició de 13,5 millones de dólares, según la Fiscalía.
«El vicepresidente constitucional espera que el tribunal penal lo absuelva», dijo el abogado de Glas, Eduardo Franco, añadiendo que «no existe pruebas en su contra» que hayan sido presentadas durante el juicio, que lleva tres semanas de audiencias.
La Fiscalía pidió la pena máxima de seis años de prisión para Glas, acusado de asociación ilícita, un delito menor que derivaría en otras demandas como de peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito, que son imprescriptibles y con sanciones de hasta 13 años de cárcel.
«Debería renunciar»
De ser condenado, el vicepresidente quedaría al borde de perder el cargo para el que hace ocho meses fue elegido en binomio con el mandatario Lenín Moreno, y que lo mantiene a pesar de estar en prisión preventiva desde el 2 de octubre pasado.
La condena en primera instancia podrá ser apelada, dejando en suspenso la pena sin que Glas pierda el cargo.
Si bien sostiene que está haciendo uso de sus vacaciones, lo que el gobierno no reconoce, Glas está cerca de cumplir tres meses de ausencia en el puesto, con lo que se configurará la falta definitiva y dará paso a que el Congreso -que le quitó la inmunidad por pedido de él- elija vicepresidente de una terna propuesta por Moreno, de acuerdo a la Constitución.
«Si el vicepresidente es sentenciado por un tribunal, que establece que existen pruebas, por moral debería renunciar porque los ecuatorianos no deberíamos tener un vicepresidente en esas condiciones», expresó a la AFP el penalista Ramiro Román, de una comisión cívica anticorrupción.
Añadió que «hay cosas que son mucho más grandes que esta simple asociación ilícita» dentro del caso Odebrecht, empresa que habría repartido en Ecuador unos 47,3 millones de dólares en coimas para obtener contratos.
Moreno, quien el miércoles viajará a Europa, manifestó el lunes que «esta semana es muy importante en la lucha contra la corrupción. Creo firmemente en la lucha contra la impunidad». Indicó que la justicia resolverá «un caso que ha conmocionado al país» y advirtió que ni él ni el pueblo «permitiremos una tomadura de pelo y una burla a la justicia, ni en este caso ni en ningún otro».
Corrupción oculta
El politólogo Simón Pachano, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito, señaló a la AFP que el juicio «marca una ruptura con el ocultamiento de la corrupción que hubo durante el gobierno de Rafael Correa» (2007-2017).
El proceso, en el que directivos de Odebrecht no fueron acusados, se desarrolla en medio de la crisis en el movimiento oficialista de izquierda Alianza País, dividido entre los partidarios de Correa y los de Moreno, quien le retiró las funciones a Glas en agosto en medio de una pugna de poder.
El exgobernante y su aliado Glas, responsable de sectores estratégicos durante el correísmo y vicepresidente desde 2013, sostienen que Moreno se ha aliado con la oposición y que se sirve de la lucha contra la corrupción para desprestigiarles.
«El caso Glas es un elemento fundamental dentro de la ruptura en el partido en el gobierno», sostuvo Pachano, agregando que la posible condena contra el vicepresidente «puede servirle a Moreno para quitarse ese peso de encima».
La ley ecuatoriana establece que las penas son acumulables hasta un máximo del doble de la más grave, sin que exceda los 40 años.
