En su gobierno Tony Saca financiaba sus propias empresas radiales y pagaba sobornos a una red de periodistas del país.
SAN SALVADOR.-La Corte Suprema de Justicia confirmó ayer la condena de 10 años de prisión impuesta al expresidente Tony Saca y que devuelva al Estado 260,7 millones de dólares.
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema también ratificó las condenas impuestas a tres de sus exfuncionarios más cercanos y tres exempleados de Casa Presidencial, que además deberán de regresar el dinero robado.
En un hecho histórico, en septiembre de 2018, un tribunal de justicia de El Salvador condenó al expresidente Saca a diez años de prisión luego de ser procesado por desviar más de 300 millones de dólares de las arcas del Estado para favorecer a sus empresas y a terceros.
Saca que se convirtió en el primer exmandatario salvadoreño condenado por corrupción, también fue condenado a responder civilmente por 260,7 millones de dólares de los más de 300 millones que el Ministerio Público asegura que la red de corrupción sacó de los fondos públicos.
Los abogados del expresidente presentaron amparos ante la Cámara Segundo de lo Penal, que en julio suspendió el reintegro del dinero sustraído, favoreciendo también a los tres exfuncionarios y tres exempleados de Casa Presidencial.
La Cámara resolvió que Saca y los otros seis vinculados a la trama de corrupción no debían de regresar el dinero por el momento, y ordenó que se siguiera un proceso de recuperación del dinero a través de un juicio civil.
Pero ahora la Corte Suprema ratificó la condena que el Tribunal de Sentencia impuso a Saca y los otros seis implicados y además determinó que los imputados deberán de cancelar 347,117.17 dólares adicionales que, por error, no había sido incluidos en la condena de cada uno de ellos.
Según la resolución de la Corte Suprema, Saca deberá de reintegrar 260,7 millones de dólares y cumplir los 10 años de prisión; el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, cinco años en la cárcel y reintegrar 8,3 millones; el exsecretario privado Elmer Charlaix, diez años de prisión y regresar 15 millones; mientras que el exsecretario de Juventud, César Funes, cinco años de cárcel y regresar 886.697 dólares.
Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la unidad financiera de la Casa Presidencial, recibió una pena de tres años por el delito de peculado, y por lavado de dinero y activos otros tres años, mientras que Jorge Alberto Herrera, tesorero de la misma, fue condenado a tres años de prisión por peculado.
Pablo Gómez, contador del exsecretario privado de la Presidencia, también fue acusado de lavado de dinero y peculado pero no aceptó declararse culpable ; y tampoco negoció con la fiscalía.
La operación secreta
— Desfalco
Tony Saca, luego de llegar a un acuerdo con la fiscalía, contó cómo creó desde el Ejecutivo el esquema para apropiarse de dinero público.
En concreto, detalló el esquema para esconder dinero provenientes de varios ministerios en una cuenta reservada de la Casa Presidencial, conocida como partida secreta.
