Julio Cury, abogado.
SANTO DOMINGO.-El doctor Julio Cury consideró que el Consejo del Poder Judicial debe investigar a la magistrada Margarita Cristo Cristo por “haberse llevado de encuentro” la normativa procesal penal en la audiencia en que se conoció la solicitud de nulidad de la investigación que por corrupción y lavado de activos realiza la Fiscalía del Distrito Nacional en contra del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa.
Cury dijo que el artículo 71.3 del Código Procesal Penal le reconoce expresamente competencia a las cortes de apelación para conocer las recusaciones de los jueces de primera instancia, y que en virtud del artículo 82 del mismo texto el juez recusado debe remitirla a la corte de apelación correspondiente.
“El art. 82 dispone que es el tribunal competente el que resuelve la recusación dentro de los siguientes tres días, por lo que bajo ninguna circunstancia ella podía retener el conocimiento del proceso sin que antes la recusación de que fue objeto fuera conocida y decidida por la corte de apelación del Distrito Nacional”, sostuvo.
Manifestó que la jueza Cristo Cristo “masacró” el artículo 69 de la Constitución, que entre las garantías del debido proceso incluye el derecho a ser oído por una jurisdicción competente. “Al erigirse en jueza de su propia recusación, le negó a la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional el derecho de que su petición fuese escuchada y resuelta por el tribunal competente”.
Cury consideró que la mencionada jueza deslegitimó su actuación, sembrando la impresión, como lo denunció Yeni Berenice Reynoso, de que ciertamente existe un “maridaje” entre ella y Díaz Rúa.
“Lamentablemente nuestra legislación no consagra el delito de prevaricación judicial, pero es tiempo ya de que los fallos que excedan la mera ilegalidad producto de una interpretación legal errónea o discutible, sean sancionados penalmente”.
Sin embargo, se expresó de acuerdo con que decisiones notoriamente infundadas como la que habría dictada Cristo Cristo motiven investigaciones disciplinarias.
“Lo cierto es que cuando se sanciona a un juez que actúa con déficit de imparcialidad o que vende miserablemente su conciencia, se envía un mensaje alentador que abona a la cultura de la legalidad y al Estado de Derecho”, expuso el jurista.
