Julian Assange, fundador de Wikileaks.
Londres.- El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, está más cerca de ser extraditado a Estados Unidos después de que un juez británico emitiera este miércoles la orden de entrega, que debe ser considerada ahora por el Gobierno del Reino Unido.
Aunque el envío de esta instrucción marca un punto de inflexión en este caso, que empezó con la detención inicial del australiano en Londres en 2010, no supone su final, pues quedan opciones de recurso para las partes, al margen de la decisión que tome la ministra del Interior, la conservadora Priti Patel.
Al término de la breve vista de hoy en la Corte de Magistrados de Westminster, la esposa del periodista, Stella Assange (antes Moris), pidió a la multitud de simpatizantes reunida a las puertas del juzgado “seguir luchando por su liberación». Estados Unidos reclama a Assange para procesarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal, que, según su equipo legal, pueden acarrear hasta 175 años de cárcel en ese país. EN
MANOS DEL GOBIERNO
El juez principal de la Corte, Paul Golspring, fue el encargado de emitir la orden en una audiencia de apenas siete minutos a la que asistió por videoconferencia el acusado desde el centro de alta seguridad londinense de Belmarsh, donde continuará en prisión preventiva hasta que termine el proceso.
“En términos sencillos, tengo el deber de enviar su caso a la ministra para que tome una decisión”, dijo el magistrado, que cumplía así una instrucción del Tribunal Supremo. Assange, de 50 años, solo habló para confirmar su nombre y fecha de nacimiento y durante la sesión pareció formar un corazón con sus manos, posiblemente dirigido a su pareja, que siguió la vista desde la galería del público.
Patel tiene ahora un plazo de dos meses prorrogable para decidir si confirma o rechaza la extradición, mientras que la defensa del ex “hacker” ya ha indicado que la rebatirá dentro del periodo de cuatro semanas previsto, que acaba el 18 de mayo. Según la ley, la titular de Interior solo puede ejercer su prerrogativa de prohibirla en casos específicos amparados por la Ley de Extradición de 2003 y siempre conforme a los acuerdos con el país demandante, en este caso EE.UU.
La eventual decisión de Patel podrá ser recurrida por las partes -la Justicia estadounidense o Assange- pero solo si el Tribunal Superior lo autoriza. Además, la defensa tendría en última instancia la opción de recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según dijo a Efe la propia Stella Assange.
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El pasado 14 de marzo, el Tribunal Supremo dio luz verde a la entrega del programador informático al rechazar un recurso suyo que buscaba impedirla e instruyó al magistrado de primera instancia a emitir la orden que ahora debe considerar el Ejecutivo.
Ese fallo puso fin a un proceso judicial que arrancó el 21 de enero de 2021, cuando la jueza Vanessa Baraitser de la Corte de Magistrados de Westminster denegó la extradición al concluir que Assange presentaba riesgo de suicidio y que las condiciones penitenciarias en EE.UU. podían exacerbarlo.
ASSANGE SEGUIRÁ LUCHANDO
Aunque la magistrada aceptó entonces el argumento de la defensa sobre la salud del acusado, desestimó otros que sus abogados podrían decidir recurrir ahora. Si lo hicieran, en principio el Superior solo lo examinaría una vez se conociera la respuesta de Patel.
Si no hubiera ningún recurso, la extradición se produciría en los 28 días siguientes de haber sido autorizada por la ministra, de acuerdo con la página web del Gobierno. A las puertas del tribunal, Stella, de 38 años, confesó que la vista de este miércoles, aunque era “de trámite”, le provocó “un nudo en el estómago».
“El Reino Unido no está obligado a extraditar a Julian a Estados Unidos.
De hecho, sus obligaciones internacionales le requieren impedir esta extradición. (El primer ministro) Boris Johnson y Priti Patel no pueden entregarle a un país que conspiró para asesinarlo”, declaró. Johnson y Patel “pueden detener esta pesadilla hoy mismo y devolver a Julian con su familia”, dijo la abogada, que adujo que el artículo 4 del Tratado de extradición británico-estadounidense “prohíbe las entregas por delitos de carácter político». Amnistía Internacional señaló en un comunicado que el Gobierno británico no puede “abdicar” de su obligación “de no enviar a nadie a un lugar donde su vida o su seguridad corran peligro».
La secretaria general, Agnès Callamard, sostuvo que las garantías ofrecidas por Washington no son suficientes y ponen a Assange “en riesgo de sufrir unas condiciones de reclusión que podrían causar un daño irreversible a su bienestar físico y psicológico».
