SANTO DOMINGO.- La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, recesó para el próximo jueves la audiencia preliminar seguida a los implicados en el caso Calamar, debido a problemas de salud de Rafael Calderón, uno de los acusados de defraudar al Estado con más de RD$19 mil millones.
La magistrada adoptó su decisión luego de que el abogado de Calderón depositara un certificado médico de su representado. En tanto, la jueza rechazó agregar días adicionales para conocer el proceso a los vinculados al caso Calamar, alegando que no era necesario y que se debía cumplir con el cronograma establecido en el calendario de audiencias.
Varios abogados de imputados del caso Calamar han presentado sus alegatos de defensa a favor de sus representados.
Se recuerda que la abogada del exministro Gonzalo Castillo, Laura Acosta, había solicitado que la etapa preliminar avanzara con mayor celeridad y sin interrupciones innecesarias. La semana pasada iniciaron la presentación de los alegatos de defensa a favor de su representado.
Sin embargo, a la salida del tribunal, la jurista explicó que no consideraba insistir en la petición porque la jueza le permitirá presentar sus conclusiones en un solo día.
En el proceso también están implicados los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta, así como los imputados Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional; Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, todos acusados de corrupción administrativa.
Durante una audiencia reciente, el exdirector de Casinos y Juegos de Azar, Óscar Arturo Chalas Guerrero, declaró que el exministro de Hacienda Donald Guerrero tenía pleno conocimiento de las maniobras fraudulentas. El imputado admitió su culpabilidad y devolvió RD$20 millones al Estado como parte de un acuerdo con el Ministerio Público.
Según el órgano acusador, los implicados en el caso Calamar habrían desviado más de RD$19,000 millones mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, además de recibir presuntos sobornos destinados a financiar la campaña electoral de 2020.
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