Santo Domingo.- La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Karen Casado, ordenó realizar un anticipo de pruebas mediante la escucha en Cámara Gesell de las declaraciones de las víctimas colombianas de explotación sexual, vinculadas a la red criminal de trata de personas en el caso “Begonias”.
Por esta razón, la magistrada aplazó la audiencia para el próximo martes 1 de julio, con el objetivo de tomar el lunes las declaraciones de más de 40 víctimas, y luego incorporarlas al proceso judicial contra los imputados de esta estructura criminal.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra los acusados en el caso “Begonias”, conformado por ciudadanos dominicanos y colombianos, además de declarar el proceso como complejo.
Según el expediente, los miembros de la red criminal son los dominicanos Johanse Díaz Casado (alias “Johan el Gordo”), Johanse Díaz Lemonier (Johan), Wilson Pérez Duque (El Menor), Lilian Yleana Sierra Espinosa y Ariel Alfredo Soto Madrigal (El Gordo), así como los ciudadanos colombianos Karen Juliana Chía Gélvez, Lina Marcela Valdez Cortés y Yasibit Esaleivi López Medina (Cristal).
El órgano acusador imputa a los procesados los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, asociación de malhechores, lavado de activos, entre otros cargos.
De acuerdo con el documento acusatorio, las víctimas eran mantenidas en cautiverio en una vivienda del Ensanche Ozama, en Santo Domingo Este, donde eran obligadas, bajo amenazas y armas de fuego, a realizar trabajos sexuales. Las mujeres eran forzadas a saldar supuestas deudas que oscilaban entre los 3,000 y 4,000 dólares, correspondientes a gastos por pasaportes, boletos aéreos y traslado desde Colombia, bajo falsas promesas de empleo.
Una vez en República Dominicana, las víctimas eran obligadas a prostituirse, mientras se les retenían sus documentos y eran amenazadas con hacer daño a sus familiares en Colombia si se negaban a cumplir.
Durante los allanamientos, el Ministerio Público ocupó objetos vinculados al consumo de marihuana, supuestamente utilizados por las víctimas colombianas de explotación sexual, quienes eran vigiladas de forma constante por la estructura criminal.
Según la solicitud de medida de coerción, la red ofrecía los servicios sexuales de las víctimas colombianas por tarifas que oscilaban entre RD$3,500 y RD$6,500, y en algunos casos hasta US$400.
Los clientes debían pagar RD$3,500 por media hora y RD$4,000 por una hora cuando el encuentro se realizaba en la residencia ubicada en la calle Costa Rica del sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este, conforme a lo establecido en la solicitud de coerción del caso “Begonias”.
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