Santo Domingo.- Un total de 350 personas entraron al sistema penitenciario por la imposición de prisión preventiva por posesión de pequeñas cantidades de drogas, entre el 2018 y el 2021, y con estos casos buscan aplicar el método no adversarial de soluciones de conflictos (acuerdos).
Así lo reveló la jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), María Garabito, quien dijo que se implementa un programa para el manejo de esos casos, que refleja una dependencia a las drogas y otras sustancias que ameritan la intervención médica y a un equipo multidisciplinario para la supervisión judicial.
El programa se implementa en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en el marco de la suspensión condicional del procedimiento y el juicio penal abreviado a través de un acuerdo para desahogar los tribunales y reducir las moras.
Desde el Poder Judicial, también se trabaja con el programa de optimización del proceso penal junto a otros actores en la mesa de inter-operatividad del sistema de justicia, que se basa en un esquema de alternativas en todas las etapas del proceso.
Esto permite agilizar los procesos, y acortar o eliminar pasos mediante el mecanismo del juicio abreviado y los métodos no advesarial (acuerdos), que se aprobó en el Pleno de la SCJ.
Se trabajan para que el 50 % de las notificaciones de los procesos se realicen a través de medios digitales, y reducir en un 70 % de los aplazamientos por irregularidades.
Representación
— Actividad
La jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia María Garabito habló en la representación del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y del Consejo Nacional de la Defensa Publica.