SANTO DOMINGO.- La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, aplazó para el próximo 2 de septiembre la audiencia para la revisión obligatoria de la medida de coerción contra Yves Alexandre Giroux, uno de los principales cabecillas de la red de estafa electrónica de carácter inmobiliario del Caso Guepardo.
En la audiencia también se conocerá la solicitud de traslado de recinto penitenciario hecha por el imputado.
La magistrada adoptó la medida con el fin de citar a los querellantes.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana informaron que solicitarán que se mantenga la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Giroux, debido a la gravedad de los hechos y al peligro de fuga.
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Giroux cumple la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís. El privado de libertad intentó ser trasladado a la cárcel pública de El Seibo, lo cual le fue negado por el tribunal.
El pasado 11 de julio, la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís ratificó la prisión preventiva por 18 meses a las imputadas Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, estableciendo, que es un hecho de suma importancia para la sociedad y que hay elementos que el Ministerio Público sindica que ameritan que se investigue en estado de prisión.
En cuanto a Loany Ortiz, cabecilla de la estructura junto a Yves Alexandre Giroux, se informó que se encuentra aún detenida en Bogotá, Colombia, enfrentando el proceso de extradición requerido por el Ministerio Público dominicano y se espera que sea enviada lo antes posible al país, para que responda por sus hechos.
La estructura criminal se dedicaba a promocionar proyectos inmobiliarios, atrayendo compradores de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, a través de la promoción de RE/MAX, una empresa internacional reconocida en el mercado.
En el transcurso de las investigaciones se ha establecido que los miembros de la organización delictiva recibieron la suma de US$18,851,583, además de que han sido incautados bienes inmuebles en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se secuestraron vehículos de alta gama, aparatos electrónicos y documentación relevantes.
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