SANTO DOMINGO.-El juez Francisco Ortega varió este viernes la medida de coerción de prisión preventiva por presentación periódica e impedimento de salida del país a los imputados Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, los únicos dos implicados en el caso Odebrecht que permanecían en la cárcel.

Además de presentación periódica y el impedimento de salida del país, el magistrado Ortega le impuso a Díaz Rúa una  garantía económica de 50 millones de pesos pagaderos mediante una empresa aseguradora, mientras que a Rondón le impuso igual medida pero por la suma de 70 millones, con la misma modalidad de pago.

Ortega acogió la solicitud de variación de medida de coerción interpuesta por la defensa de Díaz Rúa y Rondón, quienes alegaban que la Suprema Corte había favorecido con una variación en la medida de coerción a otros imputados  en el mismo caso de los sobornos otorgados por la multinacional brasileña.

Los demás implicados en el caso Odebrecht a quienes se les había variado la prisión preventiva por presentación periódica y garantía económica son: Temístocles Montás, Andrés Bautista, Máximo De Óleo, César Sánchez, Radhamés González y Ruddy González.

Asimismo, el exvicepresidente de la CDEEE, Radhamés Segura y el exdirector de Inapa, Roberto Rodríguez.

En el caso también están implicados los senadores peledeístas Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el diputado Alfredo Pacheco (PRM), a estos el juez le impuso impedimento de salida y garantía económica desde el inicio.

Otro de los implicados en este caso es Bernardo Castellanos , a quien el  magistrado Francisco Ortega impuso  medida de coerción consistente en una garantía económica ascendente a RD$5 millones a través de una compañía  aseguradora e impedimento de salida del país hasta que concluya la investigación. Además  presentarse  todos los lunes de cada mes por ante la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), hasta que concluya la investigación.

En el caso de Ángel Rondón, el «Hombre del Maletín» y considerado como una pieza clave en la trama de corrupción, el juez Francisco Ortega le había dictado un año de prisión preventiva, en tanto que a Díaz Rúa le impuso nueve meses, también en Najayo.

La decisión del juez fue criticada de inmediato por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien consideró que la medida como «funesta».