El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, organizará el orden de exposición de los abogados de los imputados del caso Cobra para presentar los alegatos de defensa, así como los de los encartados, que serán distribuidos según las imputaciones.
Así lo informó el jurista Carlos Balcarce, abogado de Rafael Martínez Hazim, sobrino del exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al señalar que no todos los imputados tienen la misma calificación jurídica.
Indicó que cada uno de los que figuran en la solicitud de medida de coerción del caso Cobra está imputado de coalición de funcionarios, mientras que otros enfrentan acusaciones por concusión, soborno, cohecho, entre otros delitos.
En cambio, otros como Rafael Martínez Hazim están imputados únicamente por estafa contra el Estado y asociación de malhechores, esta última común a todos los acusados.
Agregó que existe una diversidad de calificaciones jurídicas dentro del expediente: algunos imputados enfrentan cargos por lavado de activos, mientras que otros no. Todo dependerá de lo establecido en la solicitud de medida de coerción y de la pluralidad de imputaciones.
El jurista explicó que, según su experiencia con el magistrado, este podría otorgar media hora de intervención a los abogados de cada imputado, y son once. Por lo tanto, la audiencia podría extenderse por unas cinco horas si inicia a las seis de la tarde.
Con las réplicas y contrarréplicas, además de la deliberación, la audiencia podría concluir en horas avanzadas de la noche. Sin embargo, si el juez se reserva el fallo, el receso podría producirse alrededor de las 10:00 de la noche.
Balcarce ofreció estas declaraciones luego de que el juez Rigoberto Sena dispusiera un receso de 15 minutos para que agentes penitenciarios trasladaran a los imputados al baño.
Esto ocurrió luego de que el Ministerio Público terminara de leer el relato de los hechos cometidos por los imputados del caso Cobra, presuntamente liderado por el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La parte demandante, representada por el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), también se adhirió al órgano acusador.
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