Santo Domingo.- El juez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Danilo Amador Quevedo, homologó hace unos minutos el acuerdo suscrito entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht.
En el mismo la constructora admite la violación de las leyes del país para la adjudicación de obras del Estado, y se compromete a pagar una indemnización de 184 millones de dólares.
Previo a la lectura del fallo, la seguridad de la sala fue reforzada, agentes policiales fueron colocados en la puerta de entrada del Tribunal y se impedía el acceso de las personas que no estaban involucradas en el proceso.
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Al tribunal llegó el dirigente político Manuel Jiménez y Robert Valdez, representante legal de Odebrecht en el país.
Al caso se le aplicará el “criterio de oportunidad” establecido en el Código Procesal Penal.
La Procuraduría justifica la figura a la que busca acogerse señalando que la empresa transnacional reconoce haber cometido el delito de soborno y acepta la obligación “innegociable de entregar información específica sobre los sobornados y el destino de los fondos”.
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Explica que las autoridades dominicanas empezarán a recibir estas informaciones detalladas de Odebrecht en un plazo no mayor de 30 días a partir del momento en que el juez valide el acuerdo.
Declarado inadmisible
El juez coordinador de los juzgados del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas había declarado inadmisible el procedimiento escogido para la solicitud de homologación del acuerdo entre la Procuraduría y la constructora brasileña Odebrecht, en el que la empresa se comprometió a pagar 184 millones de dólares, el doble de la cantidad que admitió haber pagado en sobornos en el país.
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En el fallo, Vargas señaló que el acuerdo requiere de un procedimiento procesal de mayor rigurosidad jurídica, que la figura de la conciliación, a la que apeló el Ministerio Público en el acuerdo, ya que la misma es para dirimir conflictos “entre querellantes y querellados”.
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En su decisión, el juez ordenó la devolución del acuerdo a las partes que lo habían convenido, al Ministerio Público y la empresa imputada Odebrecht, a fin de que lo promuevan al amparo del procedimiento establecido para los casos que comportan la gravedad de los hechos que se investigan.