SANTO DOMINGO. – El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste fijó para este martes en horas de la mañana el conocimiento de la medida de coerción contra cuatro de los cinco implicados en la muerte del abogado y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Yuniol Ramírez.
La fecha fue fijada luego de que el Ministerio Público deposita la solicitud de medida de coerción contra los acusados ante el tribunal.
La solicitud fue depositada por la fiscal de la provincia Santo Domingo Olga Diná Llaverías. Los detenidos fueron trasladados a la cárcel de San Luis.
Ramón Ramírez Montero, hermano de asesinado abogado, informó que ya tienen lista la querella y que están a la espera de conocer el expediente para depositarla.
«La querella va, ya está formulada, ahora vamos a ver que hay, a ver que falta, quien falta, a quien quiere sacar, porque nosotros vamos a meter hasta al gato ahí que haya participado», explicó.
Sobre la rueda de prensa que ofreció la Policía, la calificó de funesta, interesada, con falta de capacidad, queriendo encubrir a todos los implicados.
«El principal tiene que ser Manuel Rivas, el principal, el empresario es cómplice, autores intelectuales los dos y todos los demás cómplices también y pena máxima para todos», sostuvo.
Rechazó las declaraciones ofrecidas por la fiscal Diná Llaverias durante la rueda de prensa ofrecida ayer en la Policía Nacional, quien informó que el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras fue motivado porque este extorsionaba al director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para no someterlo a la Justicia por actos de corrupción en esa dependencia.
«Eso es para justificar y cubrir al presidente del Comité Municipal del PLD aquí, fue diputado, aspirante a síndico y canchanchán del PLD. están intentando encubrir su compañero de partido, pero no va a ser posible, porque si nos tenemos que querellar contra la magistrada lo vamos a hacer, no ni siquiera recusar, nos querellamos contra ella por incubrimiento», advirtió.
Los implicados en el caso son Manuel Antonio Rivas; del director financiero de esa institución, Faustino Rosario Díaz, y de José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande.