Texas.- Un juez federal en Texas congeló el lunes la acción ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración, dando a una coalición de 26 estados tiempo para seguir adelante con una demanda que tiene como objetivo su paralización definitiva.
El juez de distrito de Estados Unidos Andrew Hanen concedió la medida preliminar el lunes, tras escuchar los argumentos en una vista en Brownsville, Texas, en enero.
Con esto paraliza la medida con la que Obama busca salvar de la deportación a unos cinco millones de personas que viven ilegalmente en suelo estadounidense.
Hanen escribió un memorando acompañando a su fallo que señala que la demanda debería seguir adelante y que sin una orden preliminar los estados “sufrirían daño irreparable en este caso”.
“Es imposible devolver el genio a la lámpara”, escribió, añadiendo que está de acuerdo con el argumento de los demandantes de que legalizar el estatus de millones de personas es una acción “virtualmente irreversible”.
Se espera que el gobierno federal recurra el fallo de Hanen ante la Corte de Apelaciones del 5to Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleáns.
Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia tuvieron comentarios de inmediato a primera hora del martes. La primera de las medidas de Obama — ampliar un programa que protege a jóvenes inmigrantes de la expulsión si entraron en el país de forma ilegal cuando eran niños — entrará en vigor el miércoles.
La mayor parte de la orden presidencial, que amplía esa protección a padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que lleven varios años en el país, no comenzará a aplicarse hasta el 19 de mayo.
Joaquín Guerra, director político de Texas Organization Project, calificó el fallo de “revés temporal”.
“Seguiremos preparando a los inmigrantes para prepararlos para solicitar la ayuda administrativa”, dijo en un comunicado.
La coalición de estados, liderada por Texas y formada en su mayoría por conservadores del sur y del medio oeste, alega que Obama violó la “Take Care Clause” de la Constitución de Estados Unidos, que sostienen limita el ámbito de acción de los poderes presidenciales.
También dicen que la iniciativa de la Casa Blanca obligará a aumentar la inversión en seguridad, atención sanitaria y educación.
En su petición al juez la coalición dijo que era necesario paralizar la norma porque sería “difícil o imposible deshacer las ilegalidades del presidente después de que los acusado empiecen a ver aceptadas sus solicitudes de aplazamiento de acciones “.
“La decisión del juez Hanen frena adecuadamente la extralimitación del presidente”, dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, en un comunicado. Hanen, que es juez federal desde 2002 tras la nominación del ex presidente George W. Bush, suele abordar casos de fronteras pero hasta 2013 no se conocía su opinión sobre inmigración.
Ese año, en una sentencia sobre un caso no relacionado, sugirió que el Departamento de Seguridad Nacional debería arrestar a los padres que viven en Estados Unidos ilegalmente y que alentaron a sus hijos a cruzar la frontera incumpliendo las normas.
Los republicanos en el Congreso han prometido que bloquearán las acciones de Obama en este campo recortando el gasto del Departamento de Seguridad Nacional para el programa.
A principios de este año, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó un presupuesto de 39.700 millones de dólares para financiar el departamento hasta el final del año fiscal, pero incluyó lenguaje para deshacer las acciones ejecutivas de Obama.
El destino de la norma aprobada por la cámara baja no está claro, ya que los republicanos del Senado están a seis votos de tener la mayoría de 60 necesaria para aprobar la mayoría de las normas.
La Casa Blanca dijo que la orden ejecutiva de Obama no está fuera de los límites legales y que el Tribunal Supremo y el Congreso indicaron que funcionarios federales pueden establecer prioridades para el cumplimiento de leyes migratorias.
Decisiones anteriores del alto tribunal estadounidense concedieron a responsables en inmigración “amplia discreción” en asuntos relacionados con deportaciones.
Entre los partidarios de la iniciativa de Obama hay un grupo de 12 estados, en su mayoría liberales, que incluye a Washington y California, así como el distrito de Columbia.
Presentaron una moción ante Hanen para apoyar a Obama, argumentando que sus directivas beneficiarán sustancialmente a los estados y al interés público.
Un grupo de agentes de la ley, incluyendo la asociación que reúne a los responsables de las principales ciudades y más de 20 jefes de policía local y de condado de todo el país, presentaron también un documento de apoyo al presidente, apuntando que la nueva norma mejoraría la seguridad pública al animar la cooperación entre policía e individuos preocupados por su estatus migratorio.
