Donald Trump. AFP
SAN DIEGO.- Un juez que fue objeto de críticas de Donald Trump durante su campaña presidencial falló el martes a favor del gobierno en una demanda que intentaba bloquear la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México, lo que probablemente eliminó un gran obstáculo para la emblemática promesa de campaña del mandatario.
El juez de distrito Gonzalo Curiel rechazó los argumentos del estado de California y de grupos de defensa sobre que el gobierno de Trump había excedido su autoridad al dispensar leyes que requieren revisiones ambientales y de otro tipo antes de que se pudiera comenzar la construcción del muro.
Los demandantes dijeron que una ley de 2005 que le dio al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad para dispensar las revisiones, había expirado.
La ley exoneraba a la dependencia de docenas de leyes si consideraba que un muro era cuestión de seguridad nacional.
Trump arremetió contra Curiel durante su campaña presidencial por la manera como resolvió las acusaciones de fraude contra la ahora extinta Universidad Trump, e insinuó que la ascendencia mexicana del juez había pesado en su decisión.
Curiel mencionó sus raíces en el fallo del martes, cuando citó al presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, el magistrado John Roberts, quien señaló en otro caso que las cortes no debían hacer juicios de política.
«No es nuestro trabajo proteger a las personas de las consecuencias de sus elecciones políticas», escribió Roberts.
«En su revisión del caso, la corte no puede y no considerará si las decisiones subyacentes para la construcción de barreras fronterizas son políticamente sensatas o prudentes», escribió Curiel en su fallo de 101 páginas.
La decisión se produjo días después de que comenzó la construcción de una barrera de 9,1 metros (30 pies) de altura en Calexico, California. Es el primer proyecto del muro por parte del gobierno, además de los ocho prototipos en San Diego que fueron terminados en octubre.
El gobierno ha expedido tres dispensas desde agosto, dos para construir en algunas zonas de California y una para un área de Nuevo México.
El gobierno del presidente George W. Bush emitió cinco dispensas que permitieron que el gobierno rápidamente extendiera las barreras hasta cubrir aproximadamente un tercio de la frontera. El Centro para la Diversidad Biológica fue el primero en demandar al gobierno de Trump.
Otros tres grupos —el Sierra Club, el Defenders of Wildlife y el Animal Legal Defense Fund— interpusieron una querella después. El fiscal estatal de California Xavier Becerra, lo hizo poco después, y Curiel consolidó los tres casos.
El Centro para la Diversidad Biológica indicó en su querella que no se puede interpretar que la dispensa durará para siempre.
El estado de California argumentó que la dispensa había expirado en 2008, cuando el Departamento de Seguridad Nacional cumplió en ese momento con los requerimientos del Congreso sobre cuánto se iba a construir de muro en la frontera.
Durante las dos horas y media de argumentos en este mes, Curiel cuestionó a ambas partes sobre el significado de la ley, y en un punto dijo que «no es un modelo de claridad».
Trump ha pedido 18.000 millones de dólares para extender el muro fronterizo, mientras la Casa Blanca y el Congreso negocian un paquete de inmigración que incluiría un nuevo gasto en seguridad fronteriza y otorgaría estatus legal a los jóvenes inmigrantes que estaban protegidos de la deportación por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), implementado durante el gobierno del expresidente Barack Obama.
Los prototipos de San Diego, que fueron construidos para guiar los futuros diseños y la sustitución del muro en Calexico, ya habían sido previamente financiados.
Curiel fue criticado por Trump por las demandas contra la Universidad Trump. El entonces nominado presidencial del Partido Republicano describió a Curiel como un «enemigo» de Trump que debería estar avergonzado, y destacó su ascendencia mexicana y el apoyo de Trump a un muro fronterizo.
Trump zanjó las demandas con 25 millones de dólares después de ganar las elecciones presidenciales, sin admitir que hubiera cometido alguna acción ilegal.
