Juez conocerá este martes revisión de la medida de coerción al principal imputado del caso Onco14 y su esposa
- Abogados de los implicados buscarán revocación de la prisión por otra medida menos gravosa.-
Un juez del Juzgado de la Instrucción de Santiago conocerá este martes la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a dos imputados del caso Onco14, relacionado con la presunta sustracción de millones de pesos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, de esa jurisdicción.
La defensa busca que la prisión preventiva sea revocada y sustituida por otra medida menos gravosa.
Los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta, principal implicado en el expediente de corrupción del caso Onco14, y su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, esperan que les sea cambiada la medida de coerción privativa de libertad por otra distinta.
Luisa Yasiris Guzmán cumple prisión preventiva en el Centro Correccional y de Rehabilitación Rafey-Mujeres, en Santiago, mientras que Héctor Antonio Lora Cruceta, principal implicado en el expediente de corrupción, cumple prisión en el Centro Correccional y de Rehabilitación Rafey-Hombres.
El pasado 2 de septiembre, los jueces de la Corte de Apelación de Santiago ratificaron la prisión preventiva contra Luisa Yasiris Guzmán, imputada junto a otras dos personas en el caso Onco14, tras rechazar un recurso de apelación interpuesto por su defensa.
El pasado 29 de junio, la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, Stefani Santiago, dictó 18 meses de prisión preventiva contra Héctor Antonio Lora Cruceta, presidente y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), y Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida, por su presunta implicación en el caso Onco14.
Mientras que a Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal imputado, le impuso la medida de arresto domiciliario.
Los imputados del caso Onco14, vinculados al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, habrían creado y ejecutado un esquema criminal que se desarrolló de manera sistemática y continua desde el año 2018 hasta octubre de 2025, con el propósito de desviar más de RD$148 millones en beneficio propio, según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
En el documento se indica que los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal imputado del caso Onco14, habrían desviado recursos mediante personas y empresas vinculadas.
De acuerdo con la instancia del órgano acusador contra los imputados del caso Onco14, estos habrían utilizado diversas modalidades fraudulentas para sustraer aproximadamente RD$148,660,116.70, en perjuicio del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Inc., y de los pacientes oncológicos afiliados al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Vinculados a los casos Cobra y Cobra 2.0-A.
Caso Cobra.
Este caso está vinculado a los imputados del caso Cobra, donde figuran Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector de esa ARS, así como los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
El Ministerio Público se encuentra en la fase de concluir la investigación para preparar la acusación contra el grupo del caso Cobra, luego de que el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, otorgara un plazo de cuatro meses para esos fines. El órgano acusador procura sanciones penales y el decomiso de miles de millones de pesos que, según la acusación, habrían sido sustraídos al Estado dominicano.
Al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico, utilizados para distraer fondos mediante maniobras fraudulentas.
Caso Cobra 2.0-A.
Mientras que a los implicados en el caso Cobra 2.0-A, por una presunta estafa millonaria al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, les impuso medidas de coerción a 26 personas, entre ellas 22 médicos y exempleados de la institución.
El magistrado dictó 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, y los médicos Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Asimismo, ordenó 18 meses de prisión preventiva para la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y las médicas Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes fueron enviadas al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El tribunal impuso arresto domiciliario a las exempleadas del SeNaSa Heidy Coronado Paulino y Lucreisy Polanco Núñez, así como a los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo y Víctor Felipe Rodríguez García.
Además del arresto domiciliario, también le impuso impedimento de salida del país y una garantía económica de dos millones de pesos a través de una compañía aseguradora a los médicos Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, y Keila Beatriz Acosta Leonardo.
Mientras que además de arresto domiciliario, también le impuso impedimento de salida del país y una garantía económica de tres millones de pesos mediante empresa asegurador a la imputada, a la médico Martha María Saldaña.
En el caso de los médicos José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Diclo Garabito y Yocairis Antonia Méndez Beltré, el tribunal dispuso una garantía económica de un millón de pesos mediante aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
