El jurisconsulto romano Ulpiano asumía por justo todo aquello que venía darle a cada individuo conforme a lo que le era debido, sin que mediara para ello un interés particular.

Una sana administración de justicia, entonces, deviene en aquella que actúa conforme a un ideal de lo correcto.

Actuando de esa manera, un juez se va a encaminar por el camino de la paz, de la bondad y de la construcción de una sociedad más justa, humana y equitativa. Lo anterior se puede resumir de la siguiente manera: la paz se consigue por medio de la justicia; cuando hay justicia, ésta es bien administrada, así se puede conseguir la paz.

Desafortunadamente, no veo a la justicia dominicana caminando en esa dirección, obrando siempre conforme a las normas procesales; al menos eso sucede en los casos que son sonoros y se colocan bajo la lupa de la opinión pública.

He visto a más de un magistrado mirando más en que cómo la sentencia que tiene que dictar le ayudaría en una promoción o permanecer en el Poder Judicial, cuando llegue su evaluación propia de la Carrera Judicial.

Desde el mismo momento en que un juez apuesta a la política como mecanismo de ascenso en el sistema y teme a qué dirán los hacedores de opinión pública, da un paso hacia la perversión de la justicia.

La opinión pública hay que verla como un constructo simbólico del leguaje, de interpretaciones diversas y contradictorias, que siempre estará matizada por intereses. Una mirada más precisa evidenciaría que muchos han sido los autores que la han estudiado desde las más variadas disciplinas, llegando a conclusiones dispersas sobre sus roles, funciones y características.

Un claro ejemplo puede verse en Elisabeth Noelle-Neumann, quien destaca en “La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social”, la dificultad de los estudiosos para lograr una aproximación conceptual acerca de la opinión pública.

Esta situación la ilustra en el referido texto mediante el siguiente esbozo: “Pues todavía no sé qué es opinión pública”, dijo un participante en una sesión matutina cuando salía de la sala. Eso fue en 1961 en Baden-Baden, en un simposio de profesionales e investigadores; no era el único que se sentía incómodo”.

Generalmente, filósofos, juristas, historiadores, politólogos e investigadores se han enfrascado en fuertes discusiones en procura de una definición clara de opinión pública. No obstante, casi seis décadas después de lo relatado por Noelle-Neumann, ha sido poco el avance que sobre la problemática han podido lograr en términos concretos.

Por el contrario, al auscultarla críticamente se demostraría que ha habido una especie de retroceso en el tiempo; quizá motivado a que se trata de un concepto ambiguo, difícil de delimitar y permanentemente sujeto al debate público.

Lo que sí está resulta claro es la existencia de coincidencias entre pensadores, en el sentido de que se debe tomar en cuenta que se está ante un fenómeno comunicativo y psicosocial que depende de los contextos histórico y sociocultural.

Entre otras cosas, figuran el tipo de sociedad y de los intereses políticos. Además, que es el producto de factores, como la personalidad de los individuos, los estratos sociales, las formas de gobierno, del sistema educativo y de la acción de los medios de comunicación.

Un juez, con la academia suficiente y que pueda entender esta cuestión, debe actuar sin apostar a la política y abandonar el miedo a la opinión pública, y solo proceder conforme a la justo en la administración de justicia. Lo otro, sería pervertir la justicia.