Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. EFE/Juan Carlos Hidalgo
Madrid.- El juez Juan Carlos Peinado ha amenazado con detener a Begoña Gómez si no acude presencialmente al juzgado el próximo día 15 a la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés, que lo hará por videoconferencia debido a su estado de salud.
Peinado ha dictado un escrito, al que ha tenido acceso EFE, en el que le apercibe que tiene “obligación” de comparecer y “que de no hacerlo ni alegar causa justa que se lo impida”, podrá dictar una “orden de detención” ya que la declaración de Barrabés como testigo es una prueba preconstituida, valida para un hipotético juicio.
Al respecto, el artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que si “hubiere motivo racionalmente bastante para temer su muerte o incapacidad física o intelectual antes de la apertura del juicio oral” – Barrabés tiene una enfermedad grave- el juez mandará practicar inmediatamente la declaración, “asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes”.
Pero el artículo 449 añade que “la ausencia de la persona investigada debidamente citada no impedirá la práctica de la prueba preconstituida, si bien su defensa letrada, en todo caso, deberá estar presente”, es decir, este artículo abre la puerta a que solo asista el abogado de Begoña Gómez, aunque en este caso el juez no lo ha estimado así.
Su abogado pide el archivo del caso
Por otro lado, Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que archive la causa por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios y alega “que no existe elemento alguno que permita abrir la investigación universal” de la que estima está siendo objeto.
Así lo solicita su abogado Antonio Camacho en un recurso que ha presentado contra el auto dictado el pasado día 2 por el juez de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, encargado de este procedimiento abierto a raíz de una denuncia del colectivo Manos Limpias.
El auto del juez
El juez señaló en dicho auto que “los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial”.
El magistrado añadía que quedaban excluidos de su investigación los hechos relativos a los contratos adjudicados a la unión temporal de empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos y cuyo conocimiento corresponde a la Fiscalía Europea.
A juicio de Antonio Camacho la parte dispositiva del auto recurrido pone de relieve que su defendida está sufriendo una “investigación prospectiva, que está proscrita en un sistema procesal democrático”.
Mantiene que el auto “no despeja cuáles son los hechos que son investigados en el presente procedimiento que afectan” a Begoña Gómez por lo que estima que “es contrario al derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la Constitución”.
Recuerda que la Audiencia señaló en un auto en mayo que “en la denuncia existe un primer bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos; otro, sobre al rescate de Globalia, en el que la vinculación de la denunciada es una conjetura, y un último referido a las ayudas a la UTE” referida “en el que sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación”.
Y añade que en junio el juez se inhibió en favor de la Fiscalía Europea con relación a los hechos relativos a la adjudicación de los contratos financiados con fondos europeos por Red.es a la UTE, “los únicos respecto a los que la Audiencia estimó que existía una base probatoria suficiente para investigarlos”.
Recuerda que a pesar de la inexistencia de nuevos indicios el juez ha tomado declaración como testigo al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, en relación con el máster que Begoña Gómez codirigía en esta institución académica y ha acordado diligencias como pedir a la SEPI la remisión del expediente de las ayudas otorgadas por el Consejo de Ministros a Air Europa.
A juicio de la defensa de Begoña Gómez estas diligencias ponen de manifiesto que “el instructor pretende extender la investigación más allá de lo que falló la Audiencia”.
E insiste en que ha pedido “en numerosas ocasiones” al juez que aclare cuál es el objeto de investigación en aras a la protección del derecho de defensa.
