SANTO DOMINGO.- El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso este domingo medidas de coerción contra los diez imputados en el escándalo de corrupción que afectó al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), afirmando en sus consideraciones que los acusados “traicionaron la confianza del presidente Luis Abinader” y del pueblo dominicano al desfalcar recursos destinados a la seguridad social y la atención médica de millones de ciudadanos.
El magistrado destacó que la magnitud del fraude revela una conducta “deliberada, organizada y persistente” de los implicados, quienes, según el Ministerio Público, operaron una estructura para desviar fondos del régimen subsidiado y otros programas vitales del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
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Señaló que los hechos imputados afectan directamente a la población más vulnerable, lo que incrementa la gravedad del caso y justifica la imposición de medidas severas.
El juez Sena acogió en gran parte la solicitud del Ministerio Público y dispuso prisión preventiva por 18 meses para siete de los acusados, que deberán cumplir la medida en la cárcel de Najayo, así como arresto domiciliario e impedimentos de salida para los tres restantes.
Los imputados a los que se le dictó 18 meses de prisión preventiva en Najayo son Santiago Marcelo Hazim, exdirector de SeNaSa; Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino del exdirector; Gustavo Enrique Messina Cruz.; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Ramón Alan Speakler Mateo; Ada Ledesma Ubiera.
Mientras que se le impuso arresto domiciliario e impedimento de salida a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Haidi Mariela Pinea Perdomo, quienes en sus medios de defensa alegaron que fueron extorsionados para el pago de sobornos.
El Ministerio Público acusa a los imputados de integrar una red de corrupción que operó en SeNaSa mediante pagos irregulares, aprobación fraudulenta de prestadores, sobornos, desvío de fondos y utilización de empresas vinculadas, provocando un perjuicio multimillonario al sistema de salud pública. La fiscalía sostiene que los recursos desviados estaban destinados a servicios médicos de los afiliados más vulnerables, lo que ha generado una profunda indignación social.
Durante la audiencia, el juez Sena enfatizó que los imputados no solo violaron la ley, sino que “traicionaron el mandato gubernamental de transparencia y la confianza depositada por el presidente Abinader”, quien ha proclamado una política de tolerancia cero contra la corrupción.
El Ministerio Público adelantó que la investigación continúa abierta y que podrían surgir nuevos elementos y posibles imputados en el transcurso del proceso. Entretanto, las medidas impuestas marcan un nuevo capítulo en uno de los casos más sensibles para la administración actual, tanto por el monto presuntamente desviado como por el impacto directo en la salud pública y en la confianza institucional del país.
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