Senabri Silvestre 
Santo Domingo.-La pobreza está castigada en la práctica del sistema penal dominicano.
Los jueces y el Ministerio Público ven la pobreza como sinónimo de fuga. Es por eso que entre el 65% y 75% de los casos penales están en prisión preventiva, mientras que en América Latina el porcentaje oscilan entre 15 y 20%.
Esa situación es calificada como “lamentable” por la directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Laura Hernández Román, quien critica que el poder adquisitivo se ha tomado como el factor más importante a la hora de dictar una medida de prevención.
“Aquí si tu no vives en un ensanche tiene peligro de fuga. Pero en realidad el que tiene recursos es el que se puede sustraer de la justicia porque le es mas fácil coger un avión o un helicóptero, pero el pobre no tiene para donde coger”, manifestó la abogada.
Causas
Hernández destacó que la prisión preventiva es señalada por todos los doctrinarios como una “pena anticipada” y lo ideal es que los imputados acudan a su juicio en libertad.
“A veces una persona dura hasta un año en prisión preventiva y luego en un juicio oral, público y contradictorio se declara no culpable, ¿quien le devuelve a esa persona el tiempo, la familia, el trabajo y la moral que perdió?” cuestionó la abogada.
Justificó que en muchos casos los jueces dictan esa medida porque en la población existe la presunción de que cuando a un imputado no lo ponen en prisión, se ha sustraído de la justicia.
Añadió que los ciudadanos ven la falta de privación de libertad como impunidad y destruyen la moral de los jueces que toman otras medidas, calificándolos de corruptos.
Por esa razón los jueces han entrado en ese juego. “Por la presión pública mandan a trancar a la gente”, indicó.
La defensora pública recordó que existe el principio de Presunción de Inocencia, y por eso, cuando una persona es sometida a la acción de la justicia no se puede considerar un delincuente. Se trata de una persona que está siendo investigada y culpada de un proceso, pero aún no se ha demostrado su culpabilidad.
En ese sentido, considera necesario hacer un trabajo de educación en la población, a través de los medios de comunicación.
Derechos humanos
Los defensores públicos creen firmemente en los derechos humanos, en la Constitución y las leyes.
Hacer cumplir esos derechos y lograr la solución mas favorable para el imputado, es parte de la obligación ética del defensor público.
Defensa del imputado
Hernández Román explicó que contrario a lo que parecería la ética, los defensores no le solicitan al imputado una confección, sino que por el contrario le presentan las pruebas que el Ministerio Público tiene en su contra y en base a ellas le piden contar su propia versión. En base a esa historia defienden el imputado.
“Desde el punto de vista de la sociedad defendemos a los malos, pero nuestro deber es garantizar sus derecho”, subrayó la también coordinadora para el Caribe de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).
