Santo Domingo.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dominicana varió hoy las medidas cautelares a siete de los 10 inculpados por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht admitió pagó en el país entre 2001 y 2014 para adjudicarse la edificación de infraestructuras públicas.
El tribunal, no obstante, mantuvo la prisión preventiva por un año para el empresario Ángel Rondón, a quien el Ministerio Público atribuye ser el distribuidor de los sobornos, y de nueve meses para el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa.
También ratificó la aplicación de una multa e impedimento de salida del país para el expresidente de la Cámara de Diputados y actual legislador Alfredo Pacheco del Partido Revolucionario Dominicano (PRM, principal opositor).
Tras una audiencia de casi 14 horas, los jueces de la Sala Penal de la SCJ determinaron sustituir la prisión preventiva contra el abogado Conrado Pittaluga, que ahora deberá purgar nueve meses de arresto domiciliario.
Además, dispusieron que el exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás; el presidente del PRM Andrés Bautista, y el exdiputado Ruddy González sean beneficiados con libertad condicional consistente en el pago de una fianza de 15 millones de pesos (unos 317.000 dólares / 278.000 euros) e impedimento de salida del país.
La misma pena se le impuso al exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) Radhamés Segura, quien cumplía arresto domiciliario.
A los cuatro se les obliga a presentarse cada mes ante la Procuraduría General de la República por un período de nueve meses.
En tanto que el exadministrador de la Cdeee César Sánchez, que guardaba prisión preventiva, recupera su libertad pero con el pago de una multa de 10 millones de pesos (unos 211.000 dólares / unos 185.000 euros), impedimento de salida del país y presentación periódica.
Asimismo, al también preso preventivo y exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Máximo De Óleo se le impuso una fianza de cinco millones de pesos (105.000 dólares / 92.000 euros), sin poder salir del país y presentarse cada mes ante la Procuraduría.
Al término de la maratoniana audiencia la presidenta de la Sala Penal, Miriam Germán Brito, dio a conocer que la sentencia se emitió con su voto disidente, al considerar que el Ministerio Público no aportó los elementos de prueba necesarios para mantener a los inculpados en prisión.
Por el caso también están inculpados los senadores oficialistas Julio César Valentín y Tommy Galán, a quienes en primera instancia se les impuso medidas cautelares consistentes en multas e impedimento de salida del país.
Ninguno de ellos apeló, al igual que el exdirector del Instituto de Aguas Potables Roberto Rodríguez, quien cumple arresto domiciliario.
El único de los inculpados que no asiste al proceso es Bernardo Castellanos, quien se encuentra fuera del país y sobre quien pesa una orden de arresto de la Interpol.
