Carlos Salcedo
El Tribunal Superior Electoral (TSE) es el órgano del Estado que debe juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos.
Desde su constitución en 2011, el TSE ha realizado una labor, muchas veces cuestionable y otras trascendente.
Resaltan decisiones sobre la protección de derechos fundamentales a lo interno de las organizaciones partidistas como criterios del debido proceso y el alcance de los principios de legalidad, objetividad y presunción de inocencia en el ejercicio del poder sancionador de las autoridades partidarias.
La reciente elección del Consejo Nacional de la Magistratura (CNE) demuestra su compromiso de dotar los órganos constitucionales de personas independientes, experimentadas, aptas y con conciencia democrática, para expandir los derechos, hacerlos efectivos al interno de los partidos políticos y garantizar otros derechos.
La designación del docto magistrado Ignacio Camacho y de otros dos que son como él de carrera, Juan Alfredo Biaggi Lama y Fernando Fernández Cruz, son pruebas positivas porque son la calificación, la experiencia y la honorabilidad que están imperando a la hora de la selección.
Esta visión coincide con los anhelos ciudadanos de justicia independiente e imparcial, demostrando el presidente Luis Abinader y los demás integrantes del CNM que creen posible una democracia real. Además de los tres jueces titulares de carrera, los demás, Rosa Fior D’Aliza Pérez y Pedro Pablo Yermenos, son personas de altas calificaciones profesionales y humanas, lo que deberá redundar en eficiencia y garantía para partidos políticos y usuarios en general de este órgano.
A pesar de que la elección de más jueces mujeres era una oportunidad para que el CNM reflejara su deber de garantizar la participación paritaria de mujeres y hombres en la administración de justicia, la selección de la magistrada Fiordaliza Pérez ha sido correctísima.
Reafirmo, pues, mi confianza en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, todas puestas al servicio de la ciudadanía, que tantas esperanzas ha cifrado en este gobierno y las instituciones lideradas por el presidente de la República, para que estas sean expresión de la vigencia práctica del Estado constitucional y convencional de derecho. Que no muera la fe con obras.
