Otto Pérez Molina
CIUDAD DE GUATEMALA.— Un tribunal encontró culpable de asociación ilícita y defraudación al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
El caso fue uno de los más emblemáticos de la extinta comisión contra la impunidad de las Naciones Unidas en Guatemala y obligó a Pérez Molina a renunciar al cargo en 2015 antes de finalizar su período.
Desde entonces ha estado preso. El expresidente enfrentaba tres cargos por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y por enriquecimiento ilícito.
El tribunal absolvió a Pérez Molina y a la exvicepresidenta por este último, aludiendo que la fiscalía no había probado cómo se incrementó el patrimonio de los acusados. Aún no se ha dado a conocer la pena que se impondrá por los dos delitos.
El caso, llamado “La línea”, fue una investigación conjunta de la entonces Fiscalía Especial Contra la Corrupción (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Se trata de una estructura que defraudaba al Estado a través de tres aduanas y que según los investigadores hacía “descuentos” a los importadores para que pagaran menos impuestos a cambio de sobornos. Pérez Molina, de 72 años, así como los casi 30 acusados han dicho que son inocentes de los cargos de asociación ilícita, defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito que les imputan.
En un intermedio de la audiencia dijo a periodistas que se va a probar que le habrían fabricado un caso. “Yo soy inocente”, dijo.
Al cuestionarlo sobre su futuro mencionó que aún no ha resuelto sus problemas legales ya que hay otros casos pendientes.
Durante la audiencia que lleva ya más de seis horas de iniciada, el tribunal de las juezas Janeth Valdés, Katty Sarceño y Marling Gonzálezyo ya ha absuelto a siete de los acusados, mientras lee las acusaciones de cada uno de los procesados.
En abril de 2015 miles de ciudadanos guatemaltecos salieron a las calles a protestar indignados por los supuestos actos de corrupción que involucraban a todo el gabinete.
Las protestas pacíficas llevaron a la renuncia de los funcionarios. En mayo de ese año la vicepresidenta Roxana Baldetti fue la primera en renunciar al cargo por el caso “La Línea”, por el que está acusada.
La exfuncionaria ha sido condenada por otros casos de corrupción y Estados Unidos ha solicitado su extradición para juzgarla por presunto narcotráfico.
El 2 de septiembre, en su tercer año de gobierno, Pérez Molina renunció junto a su gabinete.
La Fiscalía había aportado no sólo pruebas documentales de la defraudación sino también testimonios de testigos protegidos, colaboradores eficaces y escuchas telefónicas en las que se hablaba de la repartición de lo defraudado.
En allanamientos que ordenó la Fiscalía se incautaron computadoras que contenían cuadros de distribución de lo defraudado y que en parte era entregado a Pérez Molina y Baldetti. Pérez Molina ha estado en prisión desde 2015, con algunas excepciones y permisos para salir.
El fallo se demoró por la gran cantidad de personas que son parte del proceso y que han presentado peticiones a los tribunales.
El exmandatario también está acusado en otros dos casos de corrupción que aún no han llegado a juicio.
La CICIG era un ente de las Naciones Unidas que durante 12 años desarticuló más de 60 estructuras del crimen organizado y aparatos clandestinos de seguridad incrustados en el Estado guatemalteco y llegó a su fin en 2019 tras la decisión del entonces presidente Jimmy Morales de no renovar su mandato.
Tras la salida de la CICIG de Guatemala gran parte de los casos que investigó se revirtieron y los acusados de corrupción fueron puestos en libertad o liberados de los cargos. El fiscal que dirigió las investigaciones, Juan Francisco Sandoval, debió exiliarse tras denunciar persecución por su trabajo contra la corrupción.
