Las normas, sin contexto, no nos dicen gran cosa. Se aprende observando, y se aprende mucho. Sobre todo, que las teorías jurídicas, para concretarse, necesitan el contacto de la realidad vivida. Por eso, a los que cultivamos el derecho constitucional, siempre nos gusta tratar de aterrizar en el ejercicio práctico los principios propios de nuestra disciplina.
Uno de los fundamentos y reclamos más importante del derecho constitucional es el respeto al debido proceso, que tiene como elemento esencial la tutela judicial efectiva. Es decir, el derecho a que los jueces garanticen nuestros derechos. Como consecuencia de esto, muchas veces se ve al juez sólo como un agente del Leviatán estatal.
Es normal que así sea, porque quien se defiende ante un tribunal se siente agraviado por el Estado, del cual ese mismo juez forma parte. Para quien se sienta en el banquillo de los imputados, las expectativas de que garantice los derechos tienen importancia de vida o muerte. Por eso, se torna en exigencia inflexible.
La realidad es más compleja, especialmente en democracias en desarrollo como la nuestra.
El juez no es sólo mallete, también es persona. Y, con demasiada frecuencia, carga sobre sus hombros gran responsabilidad, pero que a su manera también se encuentra desamparado por el Estado.
Y no sólo por la precariedad material e institucional en la que debe ejercer su labor, sino porque, al igual que el resto de nosotros, tiene una vida personal que es implacable en ocasiones, y que no toma en cuenta sus responsabilidades. Contrario a las partes del proceso, los jueces deben guardar silencio cuando responsabilidades personales, económicas o familiares los castigan.
Es también en los jueces que se concentra la insatisfacción de las partes cuando sus fallos no les satisfacen, algo particularmente cierto cuando soplan vientos de populismo penal. Las partes tampoco saben, aunque intuyan, las presiones que deben soportar, y que no pueden denunciar porque serían acusados de haber perdido la imparcialidad que debe caracterizarlos.
Nada de lo anterior disminuye su deber de fallar de acuerdo con el derecho, algo que además es la mejor vacuna contra el populismo que nos atenaza. Sin embargo, también es necesario que los ciudadanos dejemos de verlos como autómatas, que entendamos que no son de hierro, que su función es difícil, su responsabilidad es grande, y su humanidad tan sentida como la nuestra.
