Santo Domingo.-La joven Geraldine Ivette Sánchez fue ultimada en el mismo lugar donde hace justamente un año, su verdugo Martín Batista la agredió en presencia del hijo de ambos de dos años de edad.
En noviembre de 2016 Batista Ogando se presentó al trabajo de Geraldine alrededor de las 12 del mediodía, ubicado en la calle Gardenia esquina Primavera en el sector Galá.
El agresor aprovechó que la víctima salió a almorzar y la forzó a subirse a su jeepeta y la golpeó en presencia del hijo de ambos.
Las lesiones de 2016
“El imputado la agredió físicamente golpeándola en la boca, en el brazo derecho, en la frente, le haló el pelo y la agredió en la cabeza”, indica uno de los documentos del caso que descansan en el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Esta acción motivó que la hoy occisa se querellara por primera vez contra su expareja y posteriormente se dictó una orden de arresto en su contra.
Desestimó querella
Sin embargo, ignorando el peligro al que se exponía, a mediados de este año la víctima desistió de la acusación contra el padre de su hijo.
Ambos también llegaron a un acuerdo en el que la víctima afirmó que él había cambiado su actitud hacia ella.
Estos planteamientos fueron expuestos por escrito ante un juez que estaba apoderado del caso.
No obstante, al imputado le fue impuesto un impedimento de salida, presentación periódica y una garantía económica.
El pasado viernes el acusado se presentó al trabajo de la víctima y frente a ese establecimiento le disparó en la cabeza, lo que le provocó la muerte inmediatamente.
Según se hace constar en la solicitud de medida de coerción, luego de asesinarla Batista atropelló a la madre de su hijo cuando su cuerpo yacía en el pavimento.
No podía usar arma
Luego de la querella que le fue impuesta en 2016 el imputado Martín Batista Ogando tenía prohibido utilizar armas de fuego, sin embargo, usó uno de estos artefactos calibre 9 milímetros para quitarle la vida a Geraldine Sánchez.
Martín no pudo mirar al juez
Mientras se le conocía la medida de coerción el pasado domingo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el imputado Martín Batista Ogando nunca pudo mirar al juez, ni tan siquiera levantar su rostro.
Con ambas manos el feminicida se tapaba el rostro o se las frotaba por la parte superior de la cabeza.
La audiencia se extendió por aproximadamente una hora y luego de escuchar las partes el juez José Alejandro Vargas le dictó un año de prisión preventiva, el cual deberá cumplir en la cárcel del 15 de Azua.
Con esta medida el magistrado ignoró el pedimento del Ministerio Público que pedía que fuera enviado a la cárcel de San Pedro y de los abogados del victimario quienes solicitaban el penal de La Victoria.
Antes de su decisión, el magistrado advirtió al imputado que debe estar preparado para durar 30 años en la cárcel cuando se conozca el fondo del caso.
En su reflexión Vargas pidió a las familias que apoyen a las mujeres que son víctimas de violencia de género, ya que en ocasiones no están en capacidad de llevar un proceso judicial contra su agresor.