Santo Domingo.-El dirigente reformista José Cruz Gómez, quien llegó a un acuerdo con las autoridades que lo libraría de cumplir condena tras las rejas, logró crear todo un emporio económico a base de la comercialización indiscriminada de cientos de medicamentos falsificados en perjuicio de los ciudadanos.
El imputado, cuyo proceso judicial tiene menos de dos años en curso, constituyó un total de 20 empresas entre 2003 y 2007, siendo la mayoría suplidoras y distribuidoras de fármacos.
Con sus empresas Cruz Gómez suplía medicamentos hasta con tres años de vencimiento al Ministerio de Salud Pública y a farmacias independientes.
Dentro de esas medicinas se encuentran antihipertensivos, analgésicos, antibióticos, vitaminas y muchos otros considerados sensitivos, ya que un gran porcentaje de la población padece de esas enfermedades.
“Aparte de que estás engañando al cliente, cuando tú aplicas un medicamento vencido a un paciente, estarías provocando lesiones tan severas en la salud de esa persona que fácilmente pueden llegar a la muerte”, condenó Jessenia Rodríguez, una farmacéutica de 20 años de ejercicio.
Complicidad criminal
Para la falsificación de las medicinas José Cruz se asoció con Felipe Jesús Santos, dueño de la imprenta Felipe, ubicada en el V Centenario.
En este negocio se hacían las etiquetas nuevas para colocárselas a los medicamentos vencidos.
Esta operación permitía que los fármacos pasaran “desapercibidos” y que Cruz ofreciera precios muy competitivos, ya que se trataba de mercancía dañada.
Halonato 250 miligramos, Manitol Jones 20%, Jonespen 0.4 y Ferrofer Lifenetgy 100-5 miligramos eran solo algunos de los medicamentos a los que se les hacía el reetiquetado.
Beneficios millonarios
Con sus empresas comercializadoras de medicamentos adulterados, el imputado logró ganar contratos millonarios con el Estado dominicano para suplir fármacos al Programa de Medicamentos Esenciales (Promese-Cal).
Solo en facturas analizadas entre julio de 2013 y noviembre de ese mismo año las empresas de su propiedad Yomifar, SRL. Guifar, SRL, y Jones Farmacéutica, SRL, fueron beneficiadas con compras de RD$53,111,784.06.
Esas operaciones evidencian que entre estas tres empresas los contratos mensuales de solo algunos “negocios” de Cruz rondaban nada más y nada menos que los RD$10,622,356.81.
Las facturas a favor de las referidas empresas van desde RD$6,000 hasta RD$2.9 millones. Al menos 11 de sus 20 compañías eran suplidoras del Estado. Algunas de las facturas analizadas fueron hechas a solo días de que Cruz fuera arrestado el 22 de noviembre del año 2013.
Las autoridades determinaron que del total de los bienes de Cruz, alrededor de RD$100 millones, provienen de este tipo de actividad ilícita, que sin contemplación ponen en peligro la vida de miles de personas vulnerables por sus padecimientos.
Acuerdo benigno
El acuerdo que favorece a Cruz Gómez, contempla la celebración de un juicio abreviado en el que el imputado quedaría excarcelado y solo con impedimento para realizar actividades relacionadas al sistema de salud durante 10 años.
En ese sentido, se prevé cancelar el permiso para operar para 15 de sus empresas, entre ellas Yomifar, SRL.
Guifar, SRL. Y Jones Farmacéutica, SRL.
“Con las debilidades que tenemos en el país, más con el tema de seguimiento, es muy difícil garantizar que esa persona durante un tiempo determinado no se va a dedicar a lo mismo o que no lo hará por medio de terceros”, indicó el jurista Trajano Vidal Potentini.
Entre las alegadas motivaciones para el acuerdo están las supuestas complicaciones de salud de Cruz Gómez, quien padece insuficiencia renal crónica y diabetes. Condiciones de salud similares a las que padecían otras personas que no eran tomadas en cuenta por el hoy culpable a la hora de vender medicamentos adulterados.
También se estipula que el Ministerio de Salud Pública no pagará RD$10.4 millones que le debía al imputado. Vistos los contratos que obtenía mensualmente el empresario, este monto es insignificante, más cuando se trató de venta de medicamentos dañados.
Con el acuerdo, el Estado se quedará con los RD$100 millones que se determinó provenientes del citado acto criminal. Otro de los términos estipula que el Ministerio Público solo solicitará una condena de un año de cárcel para el coimputado Felipe Jesús Santos, quien fabricaba las etiquetas para los medicamentos vencidos.
Además, el convenio beneficia a Miguelina Martínez Adames, Michael José Cruz y Ana Luisa Cruz, a quienes se les retirará la acusación que tenía el Ministerio Público por su implicación en el caso. Las leyes estipulan penas de 30, 20, 10 y cinco años para casos similares.
“Pese a legitimidad debe darse el ejemplo”
Al ser consultado, el abogado José Amadeo Peralta explicó que pactar acuerdos como el que ha arribado José Cruz no es violatorio de las normativas, ya que así lo establece el Código Procesal Penal.
“Aunque moralmente uno no se sienta de acuerdo con esa situación, pero la ley está ahí y la Fiscalía se basó en eso”, manifestó.
Sin embargo, Trajano Vidal Potentini consideró que pese a la legitimidad del convenio se está hablando de un acto criminal con el que se debe dar el ejemplo.
“Las penas son una respuesta social que en este caso desaparece. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con lo que se ha pactado”, indicó.
En lo adelante un juez deberá validar el convenio que ha sido anunciado.
