Desde noviembre del año 2017 veníamos advirtiendo al país que la función principal de los miembros del Pleno de la JCE debía circunscribirse a recuperar la confianza institucional parcialmente perdida en el proceso electoral del año 2016 por la infuncionalidad de unos costosísimos escáneres que a la hora de la verdad no funcionaron, y por unos 3,000 técnicos operadores que fueron contratados y entrenados pero que a última hora no se presentaron a trabajar, y que una vez recuperada esa confianza ellos debían concentrarse en tomar las medidas y resoluciones requeridas con miras a desarrollar con éxito el torneo electoral del año 2020.
Dijimos además que quizás muchos empleados de la JCE, al igual que algunos miembros del Pleno de la JCE, entendían que nuestras advertencias públicas tenían el propósito de dar a los miembros del Pleno el mismo trato hostil que muchos funcionarios y empleados hemos recibido de parte de algun@s de ell@s; pero no, nuestras advertencias siempre estuvieron dirigidas a una sociedad política que merece que cada proceso electoral sea administrado con la eficacia y la transparencia que todos los líderes políticos, sociales, religiosos y empresariales esperan de la Junta Central Electoral, sociedad que también merece que quienes hemos ido a universidades internacionales a cursar maestrías en ciencias políticas estemos siempre alertas para advertir, a tiempo, cuando en materia política vamos por el mal camino.
Este pasado domingo el país ha sido testigo de que nuestras tempranas advertencias estaban apoyadas en nuestros amplios conocimientos de la JCE, y en el detallado conocimiento de los procesos electorales nacionales, porque este proceso electoral municipal ha sido suspendido por fallas en muchos sistemas informáticos que no operaron adecuadamente, lo que representa un duro golpe para la imagen pública de la JCE, un duro golpe para la imagen de cada uno de los miembros del Pleno de la JCE, muy especialmente para quien actúa como poder detrás del trono, y constituye una metida de patas sin precedentes y que ha sido vista como una vergüenza a nivel nacional e internacional, estando claro que los miembros del Pleno nunca entendieron cuáles eran sus prioridades de frente a los procesos electorales, ni entendieron el tamaño de sus grandes responsabilidades de frente a la sociedad política nacional, porque después de su designación todos siguieron sus vidas normales, ignorando que para quedar bien en la JCE se necesita trabajar 24/7 en la coordinación y organización de cada proceso electoral, y en el entrenamiento de todo un personal que debe ser confiable para ellos y para el país.
Y son esos graves errores los que hoy llevan a muchos sectores políticos a formular preguntas como las siguientes: ¿Qué pasó con la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil(EFEC)creada con el objetivo de capacitar al personal interno de la JCE para desempeñar de manera exitosa sus tareas en los procesos electorales, pues si usted entra hoy (18 febrero 2020) a la página de la EFEC se encuentra que los únicos cursos que se imparten son:diplomados en derechos de la familia, matrimonios religiosos, y redacción, ortografía y gramática, es decir, una pequeña versión escolar de “Quisqueya aprende contigo”, cuando en realidad esa escuela fue creada para capacitar a todo el personal electoral a nivel nacional, pero la Magistrada coordinadora ha distorsionado el programa de la EFEC, y el pasado domingo tuvimos desastrosos resultados que le han costado a este país más de 2 mil millones de pesos, incluyendo lo gastado por los candidatos.
Y debemos preguntar a la Magistrada: ¿Qué pasó con la propuesta que en marzo 2017 le dejamos en carpeta a la EFEC para preparar el personal que sería seleccionado para trabajar en los procesos electorales de octubre 2019, febrero 2020, y mayo 2020?anticipando la complejidad de realizar tres procesos electorales en un corto período de 8 meses, por lo que entendíamos era necesario utilizar el personal, el tiempo y los recursos económicos para capacitar a todo ese personal. Sin embargo, ella prefirió cursos de familia, matrimonios y gramática, y hoy, por esa metida de pata, el país está metido en el peor atolladero electoral de la historia dominicana, y por ello medio país exige la renuncia de los miembros del Pleno de la JCE, aunque a decir verdad, esa solicitud política no resuelve absolutamente nada, porque ya el daño a la credibilidad del proceso electoral está hecho, y aunque se ha convocado a nuevas elecciones municipales para el 15 de marzo próximo, quienes resulten perdedores argumentarán que fueron víctimas de un fallido proceso electoral cuyos culpables tienen nombres y apellidos.
Lo cierto es que si la JCE se hubiese preparado bien, anticipadamente y adecuadamente, y hubiese pensado en todos los posibles problemas, técnicos y no técnicos, hubiese sido más difícil que le sabotearan, desde adentro y desde afuera, el sistema operativo de las computadoras; que intencionalmente no le cargaran de forma completa las páginas de votación de muchas circunscripciones, y que le boicotearan un sistema de voto automatizado que tanto dinero nos ha costado a los dominicanos, pero que estaba siendo desacreditado públicamente por un partido minoritario, sistema que evidentemente fue intervenido con la facilidad con que se interviene un simple juego de niños, ante la mirada miope y daltónica de la JCE, y donde la gente cree que en la trama pudieron intervenir empleados de la propia JCE que fueron llevados allí, y asesorados, por un anterior presidente de la JCE.
