Patricia Arache.
No ha sido, ni es, una, dos, tres ni enes veces, en las que cualquier persona tiene que sufrir el fatal impacto de la inobservancia de las leyes, las ordenanzas o los reglamentos de regulación de las vías públicas, del tránsito vehicular, del peatonal, del uso de suelo y de todo lo que involucre cumplimiento ciudadano, con responsabilidad.
Indigna ver la ligereza y el abuso con el que quien desee levantar un muro, un desvío, un edificio u otro tipo de construcción de su propio interés, actúe como el Gran Jefe de la Tribus y dispone el cerco, el cambio de tránsito, la prohibición de extraños en las cercanías y restricciones para el uso de los lugares donde decide instalar su cacicazgo.
En el país hay leyes, algunas que, incluso, datan del inicio mismo de la República, en 1844 y de las subsiguientes etapas histórico-políticas de la nación que, aunque usted no lo crea, siguen vigentes, y otras adoptadas en esta contemporaneidad, cuya aplicación resolvería uno y mil problemas.
Ubíquese usted viviendo en el ensanche Evaristo Morales, durante mucho tiempo, en una calle en la que ha comprendido y se ha moldeado a las realidades que genera su entorno que, además no es muy amigable, porque ni salida tiene, y de buenas a primeras le dicen que nadie puede parquearse en este o tal lugar.
¡Es incómodo, molestoso y desconsiderado! Pues, en este estado de privaciones están en este momento los residentes en la calle 10 A, porque los propietarios de una construcción han marcado terreno e impide que en esa vía pública pueda estacionarse alguien que no pertenezca a su consorcio. ¡Nada más atrevido!
Lo peor de todo esto es que estamos conscientes de que esa práctica abusiva no solo afecta a los residentes en el Evaristo Morales. También ocurre en Las Praderas, El Millón, Los Prados, Ensanche Espaillat, Luperón, 27 de Febrero, Gualey, Simón Bolívar, Guachupita, Naco, Serrallés, Los Jardines, el Norte, el Sur, Miraflores, Kennedy, Villa Marina, Quisqueya y toda cuanta zona constituya el Distrito Nacional.
También se produce en el Gran Santo Domingo, donde sus munícipes claman, sin aparentemente ser oídos por las autoridades, por unas calles más amigables, que estén a disposición de la gente y para la convivencia de las familias.
En Santiago, San Cristóbal, La Romana, La Vega, Duarte, San Pedro de Macorís, La Altagracia, San Juan, Barahona y todas y cada una de nuestras provincias, y los 158 municipios, y los 232 Distritos Municipales, la gente no se escapa de sufrir el desorden, la desconsideración y el abuso de particulares frente a bienes de uso común, como el de las vías públicas.
Esa es la verdad, monda y lironda, cuyo conocimiento no escapa a las autoridades municipales, por tanto, nadie está descubriendo el agua tibia ni la fría o el hielo tampoco.
Lo que sí hacemos es asumir el clamor de miles de personas y familias que, sin tener canal de comunicación con las autoridades, acuden a dónde pueden ser escuchados, para que alguien se apiade de ellos.
Creo oportuno preguntar ¿Hasta cuándo seguiremos conviviendo en una selva de cemento, en la que el desorden, el irrespeto, la desconsideración y los abusos contra la ciudadanía están presentes día y noche?
