Río de Janeiro.- El Gobierno brasileño abrió hoy una investigación administrativa contra tres funcionarios acusados de haber agilizado irregularmente la concesión de la jubilación de la expresidenta Dilma Rousseff para que pudiera disfrutarla a partir del día siguiente a su destitución, informaron fuentes oficiales.
El Ministerio de Desarrollo Social informó en un comunicado que determinó la inmediata apertura de una investigación administrativa y que le pidió al Instituto de Seguridad Social (INSS) que separe provisionalmente de sus cargos a los acusados “para que no puedan interferir en la marcha de las investigaciones».
La decisión fue anunciada en el mismo día en que la revista Época publicó un reportaje según el cual el Instituto de Seguridad Social le concedió la jubilación a Rousseff exactamente 24 horas después de que la expresidenta fuera notificada de su destitución.
El beneficio supuestamente fue solicitado el día en que el Senado destituyó a la entonces jefe de Estado por considerarla culpable de crímenes de responsabilidad y concedido un día después, en tiempo récord y al parecer gracias a un tratamiento diferenciado que le fue otorgado.
Entre los funcionarios que fueron separados del cargo mientras son investigados figura Carlos Gabas, que fue ministro de la Previsión Social en el gobierno de Rousseff y es funcionario de carrera del Instituto de Seguridad Social.
De acuerdo con la revista Época, pocas horas después de que Rousseff fuera destituida y sustituida por Michel Temer en la Presidencia, Gabas acudió personalmente a una oficina del Instituto de Seguridad Social en Brasilia para presentar la solicitud de jubilación de la exmandataria.
Un día después de que el exministro se reuniera a puerta cerrada con dos funcionarios del Instituto, el organismo le concedió la jubilación a Rousseff y le otorgó una pensión mensual de 5.190 reales (unos 1.572,7 dólares), el valor máximo ofrecido por el INSS.
Según la revista, gracias al supuesto tráfico de influencias, el Instituto de Seguridad Social hizo 16 alteraciones en el archivo informático con los datos de la expresidenta e impidió que Rousseff entrara a la fila de espera de quienes solicitan la jubilación.
De acuerdo con el semanario, el tiempo promedio para que un jubilado obtenga el beneficio en Brasil en caso de que cuente con todas las exigencias y la documentación necesaria es de 74 días, plazo que llega a 115 días cuando la gestión es realizada en Brasilia.
La asesoría de prensa de Rousseff informó de que la expresidenta tenía derecho a jubilarse hacía varios meses y que la solicitud del beneficio fue presentada antes de su destitución.
Rousseff, elegida presidenta en 2010 y reelegida en 2014, fue destituida el 31 de agosto pasado por el Senado, que, por 61 votos a favor y 20 en contra, la halló culpable de irregularidades fiscales que conforma lo que la Constitución define como crímenes de responsabilidad.
