En el concierto de argumentos que son esgrimidos por los que propugnan por la vuelta a la estatización del sistema de pensiones está la critica a la concentración de inversiones por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en títulos y obligaciones del sector publico dominicano, principalmente Letras del Banco Central y Bonos de Deuda Pública del Ministerio de Hacienda, cuyo conjunto representa aproximadamente el 70 % del total de la cartera de inversiones de los fondos destinados a pensiones.

Este argumento es un trastrueque de la verdad, utilizado fuera de cualquier contexto inocente. Veamos.

En primer lugar, las AFP no son quienes libremente deciden el destino de las carteras de ahorros previsionales en que se van invirtiendo.

Es el Estado, en su rol de garante ulterior del sistema, que por medio de un organismo colegiado denominado Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, donde participan las principales superintendencias y autoridades financieras, determina los tipos de instrumentos en que se pueden invertir dichos ahorros, así como el límite, o por ciento del fondo, que puede destinarse para cada categoría.

En segundo lugar, el mercado de valores del país no ha podido desarrollar ofertas calificables de inversión al ritmo del crecimiento de los ahorros previsionales, funciones estas ajenas e independientes de las AFP.

Sea por razones de trabas impositivas, cerradas estructuras de capital de las empresas, regulaciones excesivas, la innovación de nuevos instrumentos, o razones de riesgo y rentabilidad, sobre todo frente a la competencia de instrumentos públicos, los fondos de pensiones no han podido contar con mayores alternativas de inversión, como todos quisiéramos.

No se trata de defender la actividad de las AFP, sino de enmarcar cada argumento en su casilla correcta, para que de manera consciente y sin perjuicios, entre todos, busquemos las vías para mejorar el rendimiento de los ahorros para nuestras futuras pensiones.