En el hipotético caso en que el poeta alemán Bertolt Brecht hubiera nacido en la República Dominicana en estos tiempos, probablemente se hubiese pensado que se inspiró en el joven político Wellington Arnaud para escribir su famoso poema en el que hace alusión a los imprescindibles dentro de la especie humana.

La única diferencia estaría, sin embargo, en que el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no ha luchado toda una vida para entrar en esa categoría versificada por el también dramaturgo.

A través de lo imprescindible se describe a una persona o un objeto sin los cuales no se podrían resolver problemas de inusitada relevancia. En virtud de que gran parte de las cuestiones que ocurren en la cotidianidad humana suelen resolverse, la imprescindibilidad representa una escasa categoría filosófica.

Esto viene a colación por la inverosímil pretensión del oficialismo de imponer a una persona determinada en un puesto en la administración pública, en este caso de Arnaud, en la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), mandando al zafacón la institucionalidad democrática.

Aunque de manera “interina”, el político está al frente de las funciones de tan importante dependencia del Estado, a pesar de que la Ley 5994 que creó la institución la reservó para un “ingeniero civil con especialización en ingeniería sanitaria”, profesión diferente a la de abogado que ostenta Arnaud.

No se trata de que éste no reúna los conocimientos y habilidades para desempeñar el cargo, sino que el problema radica en que se estaría estableciendo un precedente de vulneración de la, de por sí, débil institucionalidad del país.

La pretensión casi deja de serlo para dar paso a una nueva realidad, porque solamente falta una lectura en la Cámara de Diputados para modificar la referida legislación, a fin de dar viso de legalidad al nombramiento, luego de que el legislador reformista Máximo Castro Silverio presentara un proyecto en ese sentido. No obstante, pocos creen que la iniciativa es de la autoría del veterano representante de la provincia Santiago.

De hecho, el propio Gobierno ha defendido públicamente la disposición. Mediante un documento de prensa, el 28 de agosto del año pasado, la Presidencia de la República estableció: “La designación de Wellington Arnaud en el Instituto Nacional de Agua Potable responde al interés de establecer alianzas pública-privadas, para lograr su plan de construir todos los acueductos necesarios en el país, y reconstruir los que están deteriorados”.

Incluso lo colocó al nivel de los hombres imprescindibles descritos en la prosa de Brecht: “La capacidad de Arnaud se puso a pruebas en apenas 12 días cuando puso en funcionamientos los acueductos que fueron afectados tras el paso de la tormenta Laura en Barahona, Azua, Higüey y Pedernales”.

Originalmente, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) se opuso al nombramiento, argumentando la violación a la ley. Luego, guardó un largo silencio. Y en la actualidad reposa en los archivos del Senado de la República una comunicación en la deja sin efecto el reclamo, desconocimiento que la modificación de la Ley 5994 afectaría los intereses de sus agremiados.

Indudablemente que, de las agendas pendientes de la sociedad dominicana, una de las más importantes es la referente al fortalecimiento de la institucionalidad democrática, comenzando con las propias autoridades que, al momento de prestar juramento a sus respectivos cargos, se comprometen con lo establecido en la Constitución y las leyes.

En la medida en que esa tarea figure inconclusa, estaremos presenciando casos como la inverosímil “imprescindibilidad” de Wellington Arnaud. El cambio también implica el respeto a la institucionalidad democrática.