Santo Domingo.- A casi seis meses del asesinato de Jovenel Moïse las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Haití lucen estancadas ante la falta de una figura legítima que garantice la perpetuidad de los acuerdos entre ambas naciones.

El coordinador de la Mesa para las Migraciones en el país, William Charpentier, explicó ayer que la ausencia de un líder que aglutine los intereses de la nación y que garantice su estabilidad dificulta el diálogo no solo con República Dominicana, sino con la comunidad internacional.

“La falta de institucionalidad, la crisis económica, la inseguridad y la falta de un interlocutor válido complica las relaciones bilaterales”, dijo Charpentier.

Previo al magnicidio, los presidentes de ambos países lograron mantener un canal abierto de comunicación y se reunieron el 10 de enero de 2021.

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El resultado de ese encuentro fueron nueve puntos entre los que destacan la inscripción en el registro civil haitiano de sus nacionales que se encuentren en el país, la construcción de hospitales en territorio haitiano, delimitar la frontera marítima entre los dos países y contribuir a frenar el flujo migratorio.

Pero todo esto quedó de lado cuando seis meses después un comando armado irrumpió en la residencia presidencial acribillando a Moïse.

Las teorías de conspiración arroparon una investigación que como resultado exhibe más dudas que respuestas y teniendo como consecuencia que los haitianos aún desconozcan los responsables intelectuales del magnicidio.

Una figura que resultará clave en las indagatorias la representa Marco Antonio Palacios, principal sospechoso del asesinato y quien se presume comandó el grupo paramilitar que tomó la residencia presidencial según lo afirmado por las autoridades haitianas.

Palacios fue detenido en Jamaica y este país fijó como fecha límite para su deportación el dos de enero, por lo que en estos momentos debe ya de encontrarse en Colombia.

Según el diario Jamaiquino The Gleaner, la orden fue emitida por el juez del Tribunal Supremo, Courtney Daye, durante una sesión especial.

Charpentier considera que la unidad y el liderazgo haitiano así como el apoyo de la comunidad internacional será crucial en estos momentos en que, según afirma, las bandas armadas controlan el 65% del territorio haitiano pese a la ayuda técnica y el suministro de equipos a la policía en calidad de donación por Estados Unidos.

Una muestra de la inseguridad fue el ataque de una banda armada contra el primer ministro, Ariel Henry, y su comitiva que salían de una iglesia tras el oficio de una misa en conmemoración del 218 aniversario de la independencia.

Henry salió ileso de la trama que cobró la vida de al menos una persona así como una cantidad indeterminada de heridos.

“Mientras no sean socavadas las bandas armadas—dice Charpentier—, no habrá posibilidad de elecciones en Haití.

Para lo cual propone una intervención de corta duración que sea autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o por la Organización de Estados Americanos.

Su única misión, sería desarraigar del todo las bandas en el país y poner en manos de la policía y el ejército haitiano el control del territorio.

Esta sugerencia ha sido parcialmente asumida por las autoridades dominicanas pues consideran que no hay solución dominicana al conflicto haitiano.