Ayer Trump tuiteó que se propone suprimir el derecho a la nacionalidad estadounidense que la décima cuarta enmienda de su Constitución concede a los nacidos en suelo de ese país.
“Cuesta a nuestro país miles de millones de dólares y es muy injusto con nuestros ciudadanos y será eliminado de una u otra forma”, dijo. La variación del “jus solis” propuesta por Trump, amenazando con decretarlo por orden ejecutiva, atiza un ríspido debate político y jurídico. Luce evidente la imposibilidad, por ilegal, de modificar la Constitución por simple orden presidencial.
Fue en 1868, para erradicar la infame sentencia de la Suprema Corte de 1857 conocida como Dred Scott, que negaba la nacionalidad a negros o esclavos y sus hijos, que se ratificó la 14.ª enmienda.
Esta concedía nacionalidad a todos los nacidos o naturalizados en Estados Unidos, incluidos antiguos esclavos. Pero más importante aun, garantiza a todos los ciudadanos “igual protección por la ley”.
El argumento de que una ilegalidad –la inmigración irregular— no puede crear derechos seguramente resuena entre muchos dominicanos…
