La Ley 24128, de 23 de mayo de 1985, en el Perú, creó su Instituto de Medicina Legal “Leónidas Avendaño Ureta”, y transfirió mediante el decreto-ley 25993 de 24 de diciembre, 1992, el Instituto de Medicina Legal del sector Justicia al Ministerio Público. No plagió ninguna ley regional para ello.

En nuestro país, el 8 de diciembre de 2020, en sección ordinaria se anunció el Proyecto de Ley que pretende crear el Instituto Nacional de Medicina Legal de la República Dominicana. La proponente es la diputada Ana María Peña, del Partido de la Liberación Dominicana.

Ella es ingeniera en Informática y ha utilizado a médicos forenses que han plagiado la ley del Perú.
Lamento tener que escribir estas palabras, luego de leer ambos proyectos; es la segunda vez que se accede a las ciencias forenses valiéndose del plagio de informaciones. El primer proyecto de INACIF, fue un plagio de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (Ley No. 5524), y de los Estatutos de Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico (Ley Núm. 13, 24 de Julio, 1985).

Prima facie hay que establecer una diferencia entre el órgano de investigación pericial (es el INACIF) y la creación de un Instituto de Medicina Legal y Forense.

Es claro que el segundo viene a sumar acciones de docencia, cátedra e investigación con las universidades del país, además colabora con las labores que le encomienden las leyes.

Luego decimos que al INACIF corresponde el dictamen pericial científico y técnico especializado, tanto al Poder Judicial cono al Ministerio Público, y el Instituto especializado, colaborará con las facultades de Medicina y de Derecho en la formación integral especializada, así como desarrollar actividades de investigación.

En América Latina hay muchos INACIF. El cuerpo de los articulados que contiene nuestra ley es el más famélico e inocuo del resto de los demás instituto creado.

La medicina legal es, sin duda, una ciencia forense muy importante, y no hay razón para situarla separada del resto de las demás ciencias forenses, por lo que el proyecto entonces no llevaría el nombre de Instituto Nacional de Medicina Legal y de Ciencias Forenses, ya lo hemos creado en 2008. Se llama INACIF, y no necesita ampliarse a INMLCF, como se propone, además de que no se puede pronunciar su sigla, por carecer de vocales.

Un instituto de ciencias forenses acarrea una enorme responsabilidad relativa la investigación técnica y científica, especialmente en la ocurrencia de hechos delictivos. De ahí que la condición ´sine qua non´ es que exista el órgano con “autonomía funcional”, “personalidad jurídica” y “patrimonio propio”.

Que tenga anualmente partida presupuestaria y sus recursos los administrara de manera autónoma en función a sus propios requerimientos. Por eso, el INACIF y ahora un nuevo Instituto Médico-Legal no es lo mejor.

Lo que debemos revisar es el funcionamiento del organismo existente. Por qué una Junta Directiva poco eficiente y director eterno, con 16 años en el puesto, de quien todos dicen que no tiene competencias profesionales.