Santo Domingo.-Los tres principales gremios del sector bancario y financiero del país interpusieron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Notariado, para que sea excluida del ordenamiento jurídico, tras alegar que viola principios fundamentales de la Carta Magna.
El Tribunal deberá conocer el recurso presentado por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito y la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, a través de sus abogados, que plantean que la legislación viola los principios de razonabilidad, la seguridad jurídica, el derecho a la vivienda, a la propiedad, a la libre empresa y la libre competencia.
Las entidades hacen énfasis en el esquema tarifario por servicios notariales previsto en la ley, con incrementos que alcanzan hasta el 1,600%, que afectarían el acceso a la vivienda económica y estimularían la desbancarización de los ciudadanos, empujándolos hacia la informalidad.
Manifestaron que en agosto de 2015 los créditos a la vivienda ascendieron a RD$134 mil millones, por lo cual, si se otorgaran préstamos por este total, y cada uno fuera de RD$2.4 millones, el valor máximo de una vivienda económica, habría que pagar honorarios notariales por RD$1,396 millones, con un aumento de RD$1,258 millones con relación al monto que se les pagaba a los notarios antes de entrar en vigencia la referida ley.
Los gremios dijeron que con esto “se afecta el derecho a la vivienda, pues muchos dominicanos y dominicanas perderán la posibilidad de tomar financiamiento para adquirir” un techo, que es un derecho fundamental.
Puntualizaron que la Ley Notarial debe llamar la atención de la sociedad, porque además de afectar directamente el acceso de las personas a la vivienda, la propiedad y los servicios financieros formales, tiene otros elementos distorsionantes.
Abogados defienden legislación
El Colegio Dominicano de Notarios defendió la Ley 140-15 del Notariado que instituye la entidad, argumentando que la tarifa establecida es “justa”.
El presidente de los notarios, Pedro Rodríguez Montero, indicó que mantendrá su defensa a la norma, declarándose en sesión permanente.
“Esa tarifa, como he reiterado en muchas ocasiones, fue tomando como parámetro el Banco Central (canasta básica familiar) de 2012”, dijo.
La norma establece que el número de notarios en los municipios que superen los 10,000 habitantes no podrá exceder los dos, lo que es defendido por el gremio profesional.
