Celedonio Jiménez
A juzgar por el conjunto de graves males que padecemos en la sociedad dominicana (desigualdad, indigencia, corrupción, impunidad, caos en el sistema de partidos, violencia, feminicidio, desestructuración familiar, baja calidad en la educación, etc.), se podría concluir que nuestras instituciones han sido fallidas.
Al respecto cabría indagar si dichos fallos se deben a la debilidad de las instituciones o al contenido de las mismas.
Antes de proseguir diremos que para los sociólogos T. Luckmann y P. Berger las instituciones son entidades que surgen en un proceso de “habituación” de ideas, valores, normas y acciones a los fines de lograr un objetivo social.
En torno a nuestra debilidad institucional se ha sostenido que la misma es un reflejo de la sociedad que la contiene; que las instituciones del país son productos del calco y no un resultado del estudio del carácter, naturaleza y evolución de nuestra realidad.
Esto permitiría conectar con debilidades como la ausencia de controles administrativos, de transparencia en las cuentas y en el manejo de los recursos, el abuso de la discrecionalidad, la incidencia del tráfico de influencia, la lenidad de nuestra justicia, la falta de democracia en los partidos, el seguidismo legislativo, y un largo etc.
Al margen de las debilidades que acusan nuestras instituciones, estas en lo esencial no han sido capaces de satisfacer las demandas democráticas, sociales, políticas, económicas y culturales de las mayorías poblacionales.
Más que responder a los intereses-país, han satisfecho intereses particulares. Nuestras instituciones han sido discriminatorias, no esencialmente democráticas y orientadas a un orden socio-político predeterminado.
Esto justifica la visión que entiende que “las instituciones siempre sirven a un orden político dado y a sus grupos hegemónicos” (encuesta “Imaginar el Futuro”, pág. 104).
Nos inclinamos a ver nuestros males ligados tanto al carácter de nuestras instituciones como a sus debilidades.
Por ejemplo, el grave mal de la impunidad en nuestro país obedece a instituciones que resguardan a los grupos dominantes, como a debilidades estructurales relativas a la no independencia de la Justicia y del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo.
Esa referida falta de independencia, la cual no fue observada por los juristas constitucionalistas que santificaron la Constitución aprobada en enero de 2010, constituye a nuestro juicio, la mayor limitante para que sea exitosa la justa lucha emprendida por la gran mayoría del pueblo dominicano en contra de la corrupción y por el fin de la impunidad. Luchemos para hacer saltar en pedazo esa traba.
