Nassef Perdomo Cordero, abogado.
El viacrucis de la Cámara de Cuentas ha desnudado una grave falla en el discurso sobre la institucionalidad dominicana, particularmente en el que viene de instituciones que no forman parte del Estado.
No me referiré al conflicto interno del órgano de control ni haré juicios de valor sobre su trabajo ni sus miembros. Lo que me ha llamado mucho la atención es el objeto de esta nota, es cómo el discurso anticorrupción e institucionalista de actores que presumen de imparciales se dobla y desdobla hasta convertirse en un nudo gordiano.
Para muestra, un botón. A partir del informe de la comisión de la Cámara de Diputados que recomendó el juicio político a todos los miembros de la Cámara de Cuentas, la reacción de terceros que hacen gala de imparcialidad ha sido inmediata: quieren que del organismo se destituyasólo a tres de los miembros como si los males de esa institución se explicaransólo por la presencia de esas personas.
Independientemente de los hechos o intenciones supuestas de los miembros de la Cámara de Cuentas, lo que resulta claro es que esos actores externos tienen una visión muy torcida de la institucionalidad democrática. Para ellos, las bondades o virtudes del órgano de control o sus miembros depende de si se acercan o alejan de los resultados predeterminados que anhelan.
Así no se construye institucionalidad. La Cámara de Cuentas es una institución con una evidente necesidad de reformas. Es lamentable la situación en la que se encuentra hoy, pero los que menos ayudan a que estos procesos lleguen a buen término son quienes entienden a esa institución como una herramienta para alcanzar un resultado específico. Como cualquier otra institución pública, la Cámara de Cuentas requiere de vigilancia y apoyo. Y es necesaria su reforma, que no se puede festinar ni dirigir con esos criterios.
Reitero que la situación de la Cámara de Cuentas es lamentable. Pero, si somos sinceros, debemos reconocer que se trata de una institución que arrastra una grave crisis hace más de una década. Lo peor que puede pasar es que terceros ajenos al Estado traten de instrumentalizar este momento para cristalizar su visión sesgada de la institucionalidad. Confío en que no podrán hacerlo.
