Hay un aspecto terrible del extraño caso de la revocación, por el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, del archivo definitivo que el Ministerio Público dispuso legalmente meses atrás de una denuncia de soborno contra el economista Andy Dauhajre, por el escándalo de Odebrecht.
Se trata de que decisiones bien fundadas, dadas por órgano competente cuya autoridad es unívoca e indivisible, como es el Ministerio Público, tras ser definitivas, sean exitosamente atacadas por terceros.
El abogado Cristóbal Rodríguez Gómez analizó el asunto concluyendo que el archivo definitivo dispuesto por la Procuraduría es jurídicamente correcto, dada la notoria inexistencia del delito.
También definió como “racionalmente insostenible y jurídicamente incorrecta” la resolución a favor de una pretendida acción para juzgar a Dauhajre como funcionario sin serlo.
¿Qué ocurriría si personajes de flagrantes antecedentes dedicados al terrorismo judicial pudieran iniciar una cacería atacando decisiones definitivas sólo por estar en desacuerdo o para fines políticos o ulteriores pretensiones? ¿Podría la seguridad jurídica quedar en manos de accionantes denunciados como alegados chantajistas y extorsionadores?
