La inseguridad ciudadana constituye un grave problema que lacera el diario vivir de los que vivimos en territorio dominicano.
Este flagelo socia-económico, crece de manera agigantada cada día, alimentada por el aumento de los robos, asaltos, atracos, “tumbes”, agresiones físicas a ciudadanos indefensos y figuras públicas importantes; violaciones sexuales, trafico de drogas, asesinatos, impunidad, y un etc. largo de acciones punitivas. Las estadísticas de organismos técnicos internacionales, las noticias diarias divulgadas por los periódicos escritos y digitales y los propios hechos en todo el territorio nacional justifican esa afirmación.
Es tan álgido el nivel alcanzado por la inseguridad ciudadana que los dominicanos en todo el territorio nacional corremos el riesgo de ser asaltado, agredido o asesinado no tan solo al transitar las calles sino también hasta en la misma casa donde vivimos. Es decir, no nos sentimos seguros en ningún lugar.
Acciones novedosas en nuestro país como la de robarles bienes a los pasajeros que andan montados en guaguas; robarles a personas en medio de una boda; robarles prendas a ex funcionarios del propio gobierno y a familiares de estos, secuestrar y matar ciudadanos en su propia casa con fines de hurtarles sus bienes, se han venido convirtiendo en una costumbre que resulta altamente peligrosa debido a que ya los ciudadanos dominicanos no nos sonrojamos con la ocurrencia de estos hechos.
Ante una situación como esta, ¿De qué vale que los dominicanos emprendamos iniciativas para iniciar o desarrollar negocios u otras actividades sucedáneas en procura de vivir mejor, si los hechos acontecidos evidencian que en cualquier instante los delincuentes pueden quitarle lo más preciado que tiene un ser humano que es su vida?
Es obvio que ese incremento y gravedad cotidiana evidenciada por este problema en nuestro país, es el efecto de causas multifacéticas como la del alto nivel de desempleo; salarios deprimidos en guardias, policías, enfermeras, médicos y otros sectores profesionales; impunidad estatal ante actuales y ex funcionarios gubernamentales, etc. etc. y constituye un mentís a las promesas electorales que hiciera el actuar presidente dominicano, Lic. Danilo Medina Sánchez para reducirlo al tiempo que sella el distanciamiento de mas en mas al cumplimiento de las metas establecidas en la ley de ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2030, diseñada y aprobada precisamente en los gobiernos del PLD para fundamental las políticas públicas dominicanas durante ese periodo.
Partiendo del hecho de que las políticas públicas se miden por los resultados logrados, Es obvio que los resultados de políticas como la de “Barrio seguro”, “barrio tranquilo”, “reforma policial”, “patrullajes mixtos”, “cambio de jefe policial”, “compra de motocicletas Harley Davidson” y “compra de aviones tucanos” implementadas por este gobierno como el anterior gobierno peledeísta, han fracasado , ya que no han logrado detener ni reducir la ola cada vez más creciente de robos, agresiones y asesinatos contra indefensos ciudadanos ejecutada por criminales, dentro de los cuales la prensa nacional ha identificado en múltiples ocasiones a miembros de algún cuerpo castrense dominicano.
Entonces, ante esta cruda realidad, si la VISION del país que aspiramos en la estrategia nacional de desarrollo dominicano 2010-2030, establece que al finalizar el año 2030 la “República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social…”, al paso con que vienen creciendo las acciones delincuenciales y la impunidad en nuestro país ¿podremos los dominicanos lograr DISFRUTAR de ese AÑORADO y deseado PAIS descrito en la estrategia nacional de desarrollo dominicana 2010-2030, la cual en gran medida fue iniciativa del mismo partido que nos gobierna? CLARO QUE NO!
Esta situación nos conduce a crear una corriente de opinión publica dirigida a que los ciudadanos y ciudadanas dominicanos accionando conjuntamente con entidades como las iglesias, universidades, medios de comunicación, clubes deportivos y culturales barriales, juntas de vecinos, entre otras tantas, generemos un escenario a través del cual podamos lograr que el gobierno dominicano se vea obligado a declarar como una emergencia nacional la inseguridad ciudadana y desarrolle medidas que nos acerquen al logro de los objetivos generales 1.2 y 1.4 que versan sobre el imperio de la ley, seguridad ciudadana, seguridad y convivencia pacífica y están contenidos en el primer eje estratégico de la estrategia nacional de desarrollo dominicana 2010-2030.
Dentro de una diversidad de medidas que pueden en lo inmediato acercarnos más al logro de esos objetivos están a) la de promover un vasto movimiento tendente a que en nuestro país predomine el imperio de la ley al tiempo que se sometan a la justicia a los corruptos y castigue la impunidad gubernamental presente y pasada, logrando además que los bienes sustraídos sean devueltos al estado; b) se amplié el radio de acción del INFOTEP hacia los barrios pobres y campos del país, adaptando su enseñanza a los requerimientos de cada comunidad al tiempo que se creen otros institutos que enfaticen la enseñanza técnica con énfasis en la tecnología; c) se ejecute la creación de empleos dignos para la población económicamente activa y especialmente para los jóvenes que egresan de cursos técnicos y universitarios locales como internacionales; d) se atiendan las necesidades prioritarias de las comunidades: e) se incremente la educación ciudadana preventiva; f) se promueva y ejecute una verdadera reforma en los cuerpos castrenses, que priorice la transformación de la policía nacional en una entidad moderna, profesionalizada en la labor ética-comunitaria, ambientada con el disfrute de salarios apropiados para sus miembros, dotada de equipos y conocimientos tecnológicos apropiados, y preparada realmente para la preservación de la paz y el orden a favor de los ciudadanos; g) se ponga en práctica una real política de desarme de los delincuentes.
