La recién dispuesta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en relación a la nacionalidad de los extranjeros nacidos en República Dominicana ha despertado enormes pasiones, tanto de aquellos que respaldan la sentencia evacuada, como de aquellos que la adversan y le profieren insultos.
Peor aún, esa pasión no es solo de isleños que comparten un mismo territorio, sino donde quiera que el bienestar comparta posibilidades de acercamiento con la pobreza, como sucede entre Estados Unidos de Norteamérica y sus vecinos del sur, o de Europa y el mediterráneo africano.
Francia, cuna de las ideas modernas de libertad, fraternidad e igualdad, ha promovido una legislación que establece nuevos reglamentos para las expulsiones de indocumentados y los demandantes de asilo e incluye una medida que limita el permiso de residencia para enfermos graves.
Llega tan lejos que las personas sometidas a trámites de expulsión del territorio no tendrían la posibilidad de recurrir a un Juez de libertades que, hasta entonces, podía anular el procedimiento.
Inclusive, se puede detener a un ilegal hasta 45 días antes de su repatriación, ampliándose las llamadas zonas de retención a todo el territorio y en ellas podrían ser detenidas familias, incluso con menores de edad.
Muchos otros estados de la Unión Europea han adoptado medidas de endurecimiento contra la inmigración ilegal, como son los casos de Holanda, Italia, Alemania, los escandinavos, y algunos otros, llegándose inclusive a penalizar a los propietarios de inmuebles que alquilen espacios a ilegales, e inclusive como el caso italiano, criminaliza a quienes presten auxilio a estos “sin papeles”.
Todo esto hace suponer que pocos pueden venir a aleccionarnos o a llevarnos a tribunales. Más bien, se requiere de una concientización del daño histórico que impone una inmigración sin respeto de las leyes, para que este drama no siga dividiendo a la familia dominicana.
